El Congreso respalda la futura ley de atención al cliente, pendiente ahora de la decisión del Senado

El Congreso de los Diputados ha aprobado el dictamen del proyecto de ley de servicio de atención a la clientela, una norma que ha retomado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que este jueves la ha defendido ante el pleno, donde ha sido respaldada por los grupos del bloque de investidura.

Con el dictamen, que ha contado con los votos favorables de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y CC, han salido adelante algunos de los aspectos más controvertidos de la norma, como el que las empresas estén obligadas a atender en la lengua cooficial en las comunidades bilingües, una demanda de los grupos y partidos nacionalistas incorporadas tras las negociaciones con PSOE y Sumar.

No obstante, el texto, aprobado por 179 votos a favor, 33 votos en contra de Vox y 138 abstenciones por parte de PP y UPN, podría alterarse en el Senado donde los populares cuentan con mayoría parlamentaria, aunque tendría que volver a la Cámara Baja para su votación definitiva.

Y si todo discurre con normalidad, el contenido de la norma irá en la misma línea que el dictamen aprobado este jueves, con las que se acabaran algunos de los abusos más extendidos por determinadas multinacionales, que parecen "intocables", según Bustinduy, como el bombardeo de las llamadas spam, a las que se pondrá coto, como también a las reseñas falsas.

Bustinduy confía en que la ley, la primera que se ocupara de regular a la atención al cliente, suponga un hito en las políticas públicas de consumo.

Lo será porque, como ha apuntado, es "de interés general y sentido común" y conllevará "mejoras palpables en la vida de millones de personas" ya que la mala atención a la clientela es el motivo principal para la insatisfacción de los consumidores y consumidoras en España.

El ministro ha enumerado los avances que recoge la ley, que establece estándares básicos de calidad y atención "justa y personalizada", como el tiempo máximo de resolución de las reclamaciones (15 días), también de atención para las llamadas telefónicas en 3 minutos y el derecho a ser atendido por un operador o operadora si no se desea ser atendido por un robot.

Una atención personalizada que, como ha señalado, tendrá en cuenta variables como la edad, la discapacidad o la situación administrativa, y que garantizará los derechos lingüísticos en un país "plurinacional que reconoce las lenguas cooficiales", de ahí que haya recriminado a la ultraderecha "que haya hecho de esto un estandarte y un caballo de batalla".

Silverio Arguelles, del PP, cree que la ley se ha convertido "en un instrumento de propaganda para el Ministerio de turno" y que, aunque en la anterior legislatura, en la que estuvo a punto de aprobarse contaba con consenso, éste ahora "se ha eliminado".

Los populares, que han presentado cerca de sesenta enmiendas "buscando el equilibrio", están convencidos de que el Gobierno "ha jugado con la incorporación de obligaciones lingüísticas que nada tienen que ver con la atención al cliente".

"Nadie en su comunidad autónoma desatiende a los clientes los atienden en las lenguas cooficiales. Es un debate absolutamente artificial. Nuestras empresas se preocupan por sus clientes día tras día", le ha recriminado Argüelles.

También desde Vox, Tomás Fernández Rios ha calificado de "disparatada" esta ley "de sesgo ideológico", con la que entiende que se ha perdido "una oportunidad histórica de proteger a los consumidores, sólo por su propósito -ha afirmado- de contentar tanto a separatistas como a comunistas odiadores de la iniciativa privada"