La Policía avanza en la investigación sobre el suicidio de Sandra Peña

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para tratar de determinar posibles responsabilidades derivadas del suicidio la semana pasada de la alumna de 14 años Sandra Peña, del colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, unas diligencias que van a incluir también el análisis de su teléfono móvil y las redes sociales.

 Fuentes cercanas al caso que lleva el grupo de Menores de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), bajo la dirección de la Fiscalía del Menores, informaron este martes de que, en el marco de esa investigación en marcha, tratan además de determinar el posible grado de implicación concretamente de tres chicas, mayores de 14 años, con lo que serían imputables penalmente.

 No obstante, las fuentes apuntaron que el desarrollo de la investigación llevará tiempo, entre otros motivos porque es necesario el desbloqueo del dispositivo móvil de la víctima –todavía pendiente– para poder acceder a todo su contenido.

 La investigación policial centra su atención en el entorno escolar de Sandra Peña, lo que incluye además de su teléfono móvil todo lo que pueda arrojar datos sobre la situación de acoso de la que supuestamente era víctima la menor.

 También el análisis de las redes sociales puede aportar datos sobre estas circunstancias, aspectos que serán recogidos en un atestado policial para su posterior traslado a la Fiscalía de Menores.

Los agentes de la investigación analizan el móvil y las redes sociales de la menor de 14 años de edad

La Policía pide cautela a la hora de determinar precipitadamente la posible responsabilidad que hayan podido tener las tres menores que han sido señaladas inicialmente, a la espera de que se pueda determinar y comprobar su grado de participación o no en los hechos.

 Sobre este asunto se pronunció a preguntas de los periodistas en el municipio granadino de Cenes de la Vega el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, para señalar que la investigación se deberá centrar en “todos los elementos que arrojen luz” sobre lo ocurrido y, entre esos elementos, dijo, la información que aporte el teléfono móvil es “importante”.

 Al tratarse de una investigación en el ámbito escolar que afecta a menores, el delegado pidió el “máximo respeto” para dejar que la Policía, junto con la Fiscalía de Menores, siga avanzando en la investigación.

Pintadas

Preguntado sobre si la Policía ha adoptado medidas de seguridad después de que apareciesen pintadas en el centro escolar contra las presuntas agresoras y de que algunos de sus datos se filtrasen, Fernández indicó que los agentes están haciendo un trabajo de custodia para evitar que se produzcan “situaciones no deseadas” en un entorno “tan sensible” como el de un colegio.

 “Evidentemente, la Policía está pendiente de la situación para evitar cualquier circunstancia que pueda propiciar la tensión que se ha acumulado” en los últimos días, declaró.

 La Fiscalía de Sevilla anunció que solicitó, a través de la especialidad de Criminalidad Informática, a una red social la retirada de las imágenes de tres menores que las identifica como las supuestas acosadoras.

 Asimismo, el Ministerio Público expresó que también abrió diligencias de investigación penal por la difusión en redes sociales de las fotografías con su identidad y con mensajes de amenazas.

 Además, valoró que, en su función de protección de la imagen de los menores, “el acoso no se puede combatir con el acoso y amenazas”.

La Fuerzas de Seguridad hacen un trabajo de custodia ante la filtración de los datos de las agresoras

Por su parte, la Confederación española de asociaciones de padres y madres del alumnado (Ceapa) urgió una evaluación independiente y anual de los protocolos de prevención de acoso escolar en todas las comunidades y reforzar la figura del Coordinador de Bienestar para que no sea “simbólica”.

 Tras el suicidio de Sandra Peña y la posible responsabilidad del centro, la presidenta de Ceapa, María Sánchez, señaló la “obligación moral y social” de que se revisen y actualicen los protocolos de acoso escolar.

 “Tal y como se aplican en la mayoría de las comunidades, no siempre respetan los derechos de las víctimas”. 

Con demasiada frecuencia se prioriza la apariencia de normalidad del centro frente a la protección del menor”, señaló tras pedir que la figura del Coordinador de Bienestar tenga una formación específica y menor carga lectiva para atender mejor sus funciones.

 Ceapa ve imprescindible la participación de las familias en los planes de convivencia de los centros y una educación emocional y en valores desde la primera infancia como eje curricular.

 También la atención psicológica gratuita y accesible para las víctimas y para quienes ejercen la violencia, “porque solo abordando el problema en su raíz podremos erradicarlo”.

 “Los centros necesitan recursos humanos especializados y formación obligatoria para todo el personal docente y no docente y la indiferencia institucional mata”, señaló Sánchez.

 Las personas con ideas suicidas y sus allegados recibirán ayuda especializada a cualquier hora en el teléfono 024, y ante situaciones de emergencia se puede llamar al 112.