La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas y ha investigado a otras 200 en una operación contra la inmigración ilegal, en la que se ha desarticulado una red que empadronaba de forma ilegal en Talavera de la Reina (Toledo) a unos 600 inmigrantes procedentes de Bangladés.
La operación Bengala ha sido desarrollada durante un año por agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Talavera de la Reina, que han determinado que la actividad del grupo criminal ha permitido el empadronamiento irregular de unas 600 personas, aunque las investigaciones siguen abiertas y no se descarta que haya nuevas detenciones, así como ramificaciones en otras comunidades autónomas.
La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, el jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha, Francisco Herrero, y el jefe de la Brigada Local de Policía Judicial de Talavera de la Reina, Alejandro de la Cruz, han dado a conocer este viernes en una rueda de prensa los pormenores de esta operación, en la que los implicados actuaban en tres escalones distintos, cuyo principales responsables han sido detenidos.
El primer escalón era un matrimonio que tenía una inmobiliaria en Talavera de la Reina, desde la que se falsificaban contratos de alquiler con el objetivo de empadronar de forma fraudulenta a estas personas en la ciudad.
En el segundo escalón estaba una notaria de Talavera de la Reina, que es otra de las detenidas, en cuya notaría se emitían actas notariales que acreditaban la idoneidad de las viviendas en las que supuestamente iban a vivir las familias empadronadas fraudulentamente.
Con esta documentación falsa, el grupo criminal solicitaba la reagrupación familiar a través de un abogado que tiene despacho en Toledo capital, que es el cuarto detenido en la operación, ya que tramitaba los expedientes a sabiendas de que la documentación era fraudulenta.
A los cuatro detenidos se les imputan los presuntos delitos de falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y favorecer la inmigración ilegal.
En torno a un millón de euros de beneficios ilícitos
Por cada reagrupación familiar cobraban entre 1.500 y 2.000 euros por persona, por lo que atendiendo a las estimaciones de que habían reagrupado ilícitamente a más de 600 personas, la Policía Nacional calcula que los responsables de la organización han percibido entre 900.000 euros y 1,2 millones de euros de beneficios ilícitos.
