El número de muertos en el deslizamiento de tierra ocurrido el jueves en una mina de coltán de la localidad de Rubaya, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), ronda los 460, según indicó a EFE este martes un líder de la sociedad civil.
El derrumbe ocurrió el jueves como consecuencia de la lluvia sobre esa mina, situada en la jefatura de Mupfuni Kibabi, territorio de Masisi, en la provincia de Kivu del Norte, un área bajo control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), donde siguen las labores de rescate.
"Contamos con un nuevo recuento, porque estos cadáveres no fueron extraídos de los escombros ni del lodo, sino que fueron encontrados cerca del río Mumba. Allí, contabilizamos casi 56, mientras que ayer al abandonar el lugar, ya habíamos contabilizado 406", dijo a EFE por teléfono Telesphore Nitendike, presidente de la sociedad civil de Masisi.
El Gobierno congoleño, que no tiene control de esa zona del país, apenas ha mencionado 200 muertos el pasado sábado sin actualizar datos, mientras que el M23, que controla militarmente la provincia, no está publicando reportes de víctimas, por lo que la sociedad civil es una de las pocas fuentes de información.
Sobre el terreno, las labores de búsqueda parecen ralentizarse, frente al cansancio y los recursos limitados de que dispone la sociedad local, mientras varias aldeas de la zona permanecen sepultadas bajo el lodo, después del desbordamiento de los ríos Rushoga y Mumba.
"Hacemos un llamamiento a la población para que no utilice el agua de estos ríos, ya que corren el riesgo de enfermarse. Deberá pasar tiempo antes de que se puedan reanudar las actividades en ambos ríos", alertó Nitendike.
Según este representante de la sociedad civil, "el medio ambiente se ha visto gravemente afectado por estos desastres", por lo que hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude a los afectados.
En un comunicado publicado el sábado, el Gobierno congoleño ofreció su pésame a las familias de las víctimas y denunció un "sistema organizado de saqueo y explotación ilegal" de recursos naturales por parte del M23, al recordar que las autoridades congoleñas habían impuesto "la prohibición de toda actividad de explotación" antes de que los rebeldes tomaran la zona.
"Por lo tanto, las actividades de excavación que se llevan a cabo en este emplazamiento constituyen una violación flagrante de la ley y no respetan ninguna norma de seguridad", aseveró Kinsasa.
En otro comunicado, los rebeldes replicaron que, "en lugar de politizar una tragedia profundamente humana en Rubaya, causada por condiciones climáticas excepcionales, el régimen debería asumir la responsabilidad de sus reiterados fracasos" en la regulación del sector minero.
El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.
Ambas provincias son ricas en minerales como el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.
Los accidentes mineros son frecuentes en el país, donde muchas minas se explotan de manera artesanal y sin seguir las regulaciones y medidas de seguridad necesarias, además de que, en muchos casos, están operadas por grupos armados
