El Tribunal Supremo ha condenado a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos; a 19 años y ocho meses a su exasesor Koldo García y a 4 años y medio al comisionista Víctor de Aldama por mordidas en contratos de mascarillas en plena pandemia.
Poco más de un mes y medio después de que finalizase el juicio, el alto tribunal ha dictado una sentencia por unanimidad en la que considera a José Luis Ábalos y a Koldo García -ambos ya en prisión provisional- responsables de delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
Al primero le impone 24 años y 3 meses de cárcel -con un máximo de cumplimiento de 16 años y medio-, y al segundo 19 años y ocho meses de prisión -con un máximo de 15 años-.
El más beneficiado ha sido el comisionista Víctor de Aldama, que confesó el pago de mordidas y que no entrará en prisión después de que el Supremo haya suspendido la pena impuesta de 4 años y medio de cárcel a condición de que no cometa otro delito, que presente un informe semestral de actividades y haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
En su sentencia, que es firme, el Supremo destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción.
De las mordidas en mascarillas al pago de pisos
La Sala considera probados los delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de Puertos del Estado y Adif -entes dependientes del Ministerio de Transportes que Ábalos dirigía- a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, quien se lucró con comisiones que a su vez entregó a los otros dos acusados.
La sentencia afirma que Aldama canalizó las comisiones percibidas a través de dos sociedades por un importe de 6,6 millones de euros; y que Ábalos y su exasesor le pidieron 2 millones y 500.000 euros, respectivamente, que el comisionista incluyó en sus previsiones de gastos.
El alto tribunal da por acreditado asimismo que Aldama abonó 10.000 euros al mes a Ábalos y Koldo García desde octubre de 2019 hasta junio de 2022.
Además de los contratos de mascarillas, el Supremo condena a Ábalos por el "enchufismo" en empresas públicas de su expareja Jéssica Rodríguez -en Ineco y Tragsatec- y de Claudia Montes en Logirail; así como el pago del alquiler del piso de la primera por parte de la trama.
También ha visto delito el Supremo en el alquiler sufragado por la trama de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción para disfrute del exministro por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.
La colaboración de Aldama, especialmente decisiva
El Supremo ha impuesto a Aldama menos pena de la que pedía la Fiscalía Anticorrupción (7 años) y las acusaciones populares coordinadas por el PP (unos 5), y le ha aplicado la atenuante muy cualificada de colaboración.
Una colaboración que la Sala ha visto especialmente decisiva para avanzar en la investigación del caso, al tiempo que destaca que el empresario no ha buscado en ningún momento exculparse, sino que ha admitido su participación en los hechos.
El Supremo defiende la necesidad de premiar este tipo de comportamientos para conseguir depurar la corrupción.
Aldama se avino a colaborar con la Fiscalía tras poco más de un mes en prisión preventiva por un fraude de hidrocarburos, por el que sigue investigado y este lunes ha salido a pie del tribunal, satisfecho con la sentencia.
"Espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren", ha dicho a los medios tras recoger en persona la sentencia que le condena por organización criminal y cohecho.
