Un juez condena a Ione Belarra a pagar 9.000 euros al exmagistrado García Castellón por llamarle corrupto y prevaricador
La diputada anunció que recurrirá la condena al considerar que vulnera su derecho a la libertad de expresión
El Juzgado de Primera Instancia Número 45 de Madrid ha condenado a la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, a pagar 9.000 euros de indemnización al exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por llamarle "corrupto" y prevaricador.
Por su parte, Belarra anunció que recurrirá la condena impuesta por el tribunal de Madrid, al considerar que vulnera su derecho a la libertad de expresión como representante pública.
Lo ha expresado este viernes en una entrevista en el programa 'Malas Lenguas' de TVE al ser preguntada por la sentencia que estima parcialmente la demanda de García-Castellón y considera que las manifestaciones que vertió Belarra en la red social 'X' en 2024 generaron al juez jubilado "un daño moral que debe ser indemnizado en la cuantía de 9.000 euros", frente a los 350.000 que pedía el demandante.
Ha remarcado Belarra que su condena es "injusta" y ha argumentado que ella simplemente se limitó a describir "la realidad" en su derecho como diputada para dar voz a cuestiones que otros ciudadanos no pueden denunciar.
Asimismo, ha considerado que es "una anomalía democrática" que sea un tribunal madrileño y no el Tribunal Supremo quien haya juzgado este caso.
Sin referirse al juez como "corrupto", Belarra se ha reafirmado en sus palabras y ha insistido en que García-Castellón es un juez que "protege a los corruptos del PP" y que lleva a cabo investigaciones "prospectivas" contra Podemos.
La sentencia
Reza la sentencia que las palabras de Belarra "constituyen una intromisión ilegítima del derecho al honor", según el titular del juzgado.
Además, condena a Belarra a que difunda el contenido de la sentencia en su perfil de la red social 'X', "en la que se produjo la intromisión en el derecho al honor, o en otro medio con semejantes características".
"No parece dudoso que las expresiones utilizadas y acreditadas son objetivamente injuriosas y gravemente vejatorias", señala el juez, que añade que esas manifestaciones "constituyen la atribución directa al demandante de la condición de delincuente y corrupto".
El juez apunta que, "para cualquier ciudadano, al margen de su profesión, constituye la imputación más grave que puede hacerse, solo graduable en función del delito de que se trate".
Y para alguien de la carrera judicial, continúa, "la imputación del delito de prevaricación es, quizá con el cohecho, la peor de las que profesionalmente cabe atribuir a un juez o magistrado, lo que tampoco parece requerir de más explicaciones".
"La demandada se limita a la simple y pura descalificación profesional del demandante, sin acotación alguna más allá de la muy genérica referencia al propósito de proteger al PP y perjudicar a Podemos, todo ello bajo la premisa esencial de que se trata de una persona corrupta y prevaricadora", apostilla.
Pedía 350.000 euros
García Castellón denunció un "daño moral" por esas declaraciones y reclamó ser indemnizado por Belarra con 350.000 euros o la cantidad que "tenga a bien fijar el juzgado teniendo en cuenta los antecedentes de la demanda, dada la gravedad de la lesión producida y la amplia divulgación de la misma".
Para el antiguo instructor de la Audiencia Nacional, no cabía duda de que "las expresiones empleadas por la señora Belarra carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas". Además, recordó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya fijó que la libertad de expresión, "aunque tiene un ámbito amplio de protección, no es ilimitada".
El magistrado jubilado en 2024 presentó en un primer momento su demanda ante el Tribunal Supremo, que determinó que no es el órgano competente para dirimirla porque las palabras que dirigió Belarra -aforada ante el alto tribunal por su condición de diputada- en redes no las profirió "en el ejercicio de su cargo".
