La exmilitante socialista Leire Díez denunció que varias de las libretas y agendas que incautó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no son suyas, y que otras, aunque le pertenecen, exceden el periodo temporal en el que defiende que se centra la investigación en su contra (2021-2023).
En los últimos días se han ido conociendo anotaciones de cuadernos y documentos que la UCO intervino en el denominado 'caso Leire Díez', algunas de las cuales los investigadores han atribuido a la también extrabajadora de las empresas públicas Correos y Enusa.
En un nuevo recurso presentado en la Audiencia Nacional, la defensa de Leire Díez asegura que hay cuatro agendas que pertenecen al dueño de "uno de los domicilios en el que se practicó la entrada y registro" el día en que la exmilitante fue detenida, el 10 de diciembre de 2024.
Reprocha la abogada que la UCO las incautó pese a que Díez les notificó que no eran suyas, y asegura asimismo que hay otros documentos donde figuran anotaciones que no casan con su letra.
Sí que son suyas, por ejemplo, una libreta azul o una agenda de 2025 que la UCO le atribuye en algunos de sus informes, si bien la defensa alega que esos documentos exceden el "límite temporal de la investigación (2021 a 2023)" y contienen datos personales, como asuntos médicos o reuniones con su abogados, que "debieron ser objeto de expurgo".
En estas libretas, por ejemplo, figuran alusiones a jueces, fiscales, abogados, políticos o miembros de las Fuerzas de Seguridad, referencias a comisiones de investigación parlamentaria o causas judiciales. "ZP", "Marchena" o "Ayuso" aparecen en la libreta azul; mientras que la agenda de 2025 contiene anotaciones como "Pedro no se fía del DAO", "Marlaska y el SE están pillados por la UCO" o "Reunión con PS".
La abogada insiste en que la causa arrancó para dilucidar la supuesta pertenencia de Díez a un grupo (Hirurok -'nosotros tres', en euskera) "por el que podría haber orientado expedientes de la Administración Pública, en beneficio propio o de terceros" a cambio de presuntas comisiones en el periodo comprendido entre 2021-2023.
En su nuevo recurso, vuelve a cargar contra una causa "prospectiva" y pide revocar una reciente providencia del juez que acordaba mantener incorporados algunos elementos intervenidos a la exmilitante, y posponer el expurgo a un momento posterior.
Una resolución que, según la abogada, vulnera su derecho de defensa por incumplir un expurgo acordado hace meses, y "quiebra el control judicial efectivo sobre el material intervenido".
La consecuencia inmediata -subraya- es "contaminar el procedimiento con información extraña al objeto de investigación, generar un desplazamiento del foco instructor y convertir la investigación en una investigación prospectiva".
