El PP propone endurecer las penas por narcotráfico y catalogar a los guardias civiles como profesionales de riesgo
El portavoz del PP, Borja Sémper, ha desgranado este lunes varias medidas que su partido implementaría si gobierna para combatir el narcotráfico en el estrecho de Gibraltar, entre ellas un endurecimiento del Código Penal y una inclusión de los guardias civiles que se enfrentan a las narcolanchas como profesión de riesgo.
Sémper lo ha explicado en una rueda de prensa en Madrid, tras la reunión de la dirección del partido, en la que, ha dicho, han analizado las propuestas contra el narcotráfico, tras la reciente muerte en acto de servicio de dos guardias civiles, durante la persecución a una narcolancha.
El crimen organizado en el litoral andaluz "cada día actúa con más violencia, con más impunidad y desafiando con más virulencia al Estado", ha advertido el portavoz del PP antes de recordar que hace dos años ya murieron otros dos guardias civiles en circunstancias similares.
Sémper ha indicado que coinciden con las asociaciones profesionales en que la Guardia Civil requiere de más personal y medios en la zona.
Ha añadido que al PP le ha parecido "especialmente dolorosa la ausencia del presidente del Gobierno o de cualquier ministro en los funerales" por los dos guardias civiles, porque "hubiera sido un gesto que hubiera reconfortado no solo al Cuerpo, sino también a sus familiares".
Respecto al plan del PP contra el narcotráfico, que aplicarían en caso de gobernar, ha citado en primer lugar la restauración del Órgano de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur), la unidad de la Guardia Civil que estaba especializada en esos casos, porque "funcionaba y se suprimió".
El PP también dotaría al Cuerpo "de medios no letales contra las narcolanchas" y de nueva tecnología de vigilancia marítima.
Además, llevaría los grandes casos del crimen organizado a la Audiencia Nacional, porque "en los juzgados locales los criminales amenazan a los jueces y a sus familias".
Otras propuestas son el endurecimiento de penas en el Código Penal, el refuerzo de la protección jurídica y personal de los funcionarios de prisiones y la inclusión de los guardias civiles que luchan contra el crimen organizado en el estrecho de Gibralta como profesión de riesgo.
