La asociación Juezas y Jueces para la Democracia emplazó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a investigar la posible colocación de sistemas de escucha y espionaje en dependencias judiciales después de que el investigador principal de la UDEF del caso Kitchen Manuel Morocho sugiriese que el juez instructor de esta causa Pablo Ruz temió que le estuvieran espiando.
“La testifical de este agente en el citado juicio, ampliamente recogida en medios de comunicación, de ser cierta supondría una práctica ilícita extremadamente grave, pues no solo afectaría a derechos fundamentales de integrantes de la judicatura, sino a la seguridad e integridad que debe presidir el trabajo judicial, al poner de manifiesto una voluntad de interferir y perjudicar la investigación de los tribunales”, advirtió esta asociación.
En su declaración como testigo, Morocho aseguró que cuando investigaba la trama Gürtel y los papeles de Bárcenas con la caja B del PP en 2013 tuvo “indicios” de que podrían haberle “monitorizado” su despacho, colocándole micrófonos”, así como de seguimientos a su vehículo.
Estas sospechas, relató, llevaron al juez instructor Pablo Ruz a tomar precauciones, como trabajar con un portátil externo para evitar “fugas de información” o hablar las cuestiones sensibles y críticas para la investigación en un punto exterior a su despacho en la Audiencia Nacional, en esas fechas situado en la calle Prim por estar entonces la sede oficial de este tribunal en obras.
Por todo ello, Juezas y Jueces por la Democracia entiende que debe aclararse lo sucedido y el CGPJ “debe asegurarse de que no hayan existido intentos de inmiscuirse en el trabajo judicial, aclarando si el Gobierno o funcionarios policiales trataron de espiar, obstruir o entorpecer la labor judicial”.
De constatarse que eso fue así, la asociación de juristas reclama al órgano de gobierno de los jueces que lo ponga inmediatamente en conocimiento del Ministerio Fiscal para exigir las responsabilidades correspondientes.
