La defensa de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha pedido al Tribunal Supremo que anule el juicio que está celebrando contra ellos por posibles irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia porque, entre tanto, la Audiencia Nacional sigue investigando hechos directamente relacionados.
Koldo ha registrado esta petición ante el tribunal después de que la Unidad Central Operativa (UCO) aportase la pasada semana un nuevo informe, en este caso sobre Baleares, a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional sobre la contratación de material sanitario durante el covid-19 a empresas relacionadas con Víctor de Aldama, el empresario que se sienta en el banquillo del Supremo junto al exministro y a su asesor.
La defensa de este último, en un escrito al que ha tenido acceso EFE, pide al Supremo la nulidad del proceso y, de momento, la suspensión "con carácter urgente" del juicio que comenzó el pasado 7 de abril y está previsto que termine el 5 de mayo.
Su propósito es que el Supremo traslade la causa a la Audiencia Nacional al entender que es el juez natural para entender sobre los hechos o, de lo contrario, que se acumule lo investigado allí a la causa especial que se está juzgando en el alto tribunal.
Argumenta para ello que el de Baleares es el tercer informe de la UCO a la Audiencia Nacional en los últimos seis meses tras los relativos a Canarias y a ADIF. "Los tres comparten la misma fisionomía: mismos acusados, mismos hechos nucleares, misma supuesta contraprestación, mismas fuentes de prueba (los dispositivos electrónicos de los acusados bajo custodia de la Audiencia Nacional), y misma destinataria (la Audiencia Nacional, no el Tribunal Supremo que juzga la causa)", expone.
A su juicio, hay un "patrón acumulado y sistemático" de una "investigación paralela" en la Audiencia Nacional que afecta a los mismos acusados que se sientan en el banquillo en el Supremo, relativa "los mismos hechos nucleares", es decir las adjudicaciones de contratos a Soluciones de Gestión, mediante la influencia de Koldo y Ábalos a cambio de pagos de 10.000 euros mensuales, y basan en los mismos dispositivos electrónicos intervenidos a los acusados, que permanecen bajo custodia exclusiva de la Audiencia.
Cada informe, recuerda, afecta a la adjudicaciones de una administración diferente, pero lo relevante penalmente no sería esa adjudicación, sino "el acuerdo previo, la organización y la retribución" y ese sería el mismo para lo que se juzga en el Supremo y para lo que se investiga en la Audiencia Nacional.
Es decir, o bien existe una "doble persecución simultánea prohibida" o bien se fraccionan los hechos y solo se juzga una parte, lo cual "impide un enjuiciamiento justo y verdadero".
Otros de los motivos que aduce la defensa de Koldo son el riesgo de que haya resoluciones contradictorias entre ambos tribunales y la desigualdad de armas "radical, estructural e insuperable" entre las acusaciones y las defensas.
