Desclasificación del 23-F: documentos de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores
La ministra Elma Saiz asegura que están incluidas transcripciones de conversaciones de sus protagonistas
Los documentos del 23-F que desclasificará el Gobierno de España obran en poder de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, y entre lo que se conocerá no estará el sumario del juicio ya que desde Moncloa se aclara que no es un documento clasificado, sino custodiado por el Tribunal Supremo.
Así, desde Ejecutivo señalaron que después de que el Consejo de Ministros aprobase la desclasificación, se procederá a la digitalización de los documentos para ser difundidos en la web de la Moncloa después de que la decisión del Gobierno sea publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los encargados de llevar a cabo esa digitalización y compilación de los documentos, que serán remitidos a Presidencia del Gobierno para su posterior difusión a una hora no concretada, serán funcionarios de los tres ministerios citados.
Las mismas fuentes aseguraron que el Gobierno, ni siquiera su presidente, no tiene conocimiento de lo que hay en esos documentos, pero tienen el convencimiento de que no afectarán a la seguridad nacional y que, aunque no hay certeza de lo que se difundirá, subrayan que no hay trampa alguna y que se hará público todo lo que se conoce que está clasificado.
En este sentido, dan por seguro que habrá papeles en poder del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y señalan que previsiblemente no habrá audios de grabaciones, sino transcripciones de las mismas.
Investigaciones
En contra de lo que se apuntó estos días, no estará el sumario del juicio del 23-F porque el Ejecutivo explica que no es un documento clasificado, sino que los 89 legajos que lo componen, están custodiados por el Tribunal Supremo y es accesible en los términos fijados por el poder judicial.
De hecho, desde su depósito en los archivos del TS se permitieron una decena de consultas con fines de investigación histórica o periodística.
El Gobierno también explicó que Moncloa informó a la Casa Real su decisión de desclasificar esos documentos antes de que Sánchez lo anunciara públicamente.
Entre otros, se incluyen transcripciones de conversaciones grabadas a sus protagonistas, confirmó la ministra portavoz, Elma Saiz, quien no aclaró detalles sobre quiénes son los interlocutores.
Algunas de las incógnitas que persisten sobre la intentona golpista giran en torno a los diálogos telefónicos de aquel 23 de febrero de 1981 entre el Congreso, tomado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, y el exterior, así como desde el Palacio de la Zarzuela, donde el rey Juan Carlos contactó con los altos mandos militares para frenar la asonada.
Saiz tampoco concretó mucho más sobre las revelaciones de las 153 “unidades documentales” que serán públicas este miércoles y entre las que no descartó que haya “alguna imagen”, además de informes y las transcripciones de conversaciones.
De hecho, reconoció que no vio la documentación, cuando se le preguntó si su contenido puede hacer cambiar la visión histórica sobre el papel de Juan Carlos I como artífice para el fracaso del golpe de Estado.
También apuntó que lo que se va a dar a conocer son “todos” los documentos clasificados que el Ejecutivo “ha encontrado hasta el momento”, procedente de diversos órganos e instituciones, y de lo que hay “constancia”, sin comentar nada sobre la posibilidad de documentos destruidos.
Expectación
Teniendo en cuenta que se podrán consultar libremente desde este mediodía en la web de Moncloa, pidió “paciencia” ante la expectación creada en torno a una información a la que se ha reclamado acceder insistentemente en los últimos años.
Saiz argumentó que con su decisión el Ejecutivo trata de “impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones y la desinformación” para “difundir teorías” sobre la democracia española y “desinformar” a los jóvenes que “piensan que con Franco se vivía mejor y van cantando el ‘Cara al sol’ por nuestras calles”.
En este sentido, mantener el secreto en torno a aquel importante episodio histórico al amparo de una ley franquista es una “anomalía democrática” que el Gobierno quiere corregir, sobre todo cuando, pasados 45 años del 23-F, su conocimiento ya “no supone un riesgo real y presente”, y los expertos coinciden en que ha pasado “tiempo suficiente” para darlos a conocer, aseguró la ministra.
Por otro lado, recordó que otros países adoptaron medidas similares sobre acontecimientos históricos relevantes, como Italia o Grecia, y citó el caso de Alemania, que 2012 reveló documentos diplomáticos sobre la interpretación del 23-F que hizo en su momento el embajador alemán acreditado en España.
Con todo, Sumar, Podemos y el PNV exigieron una nueva ley de secretos oficiales para que se conozcan todos los hechos “de los periodos oscuros” que se han vivido en España.
La portavoz del PNV en la Cámara Baja, Maribel Vaquero, criticó al Gobierno por desclasificar documentos de ciertos hechos y no de otros y ha subrayado que esta iniciativa del Ejecutivo demuestra que solo hace falta “voluntad política” para sacar a la luz este tipo de información.
