La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este jueves el ingreso en prisión provisional y sin fianza del exministro y actual diputado José Luis Ábalos al apreciar que concurre riesgo de fuga tras la elevada pena de cárcel -24 años- que solicita para él por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de la petición del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, durante la vista en la que el magistrado Leopoldo Puente estudia si modifica las medidas cautelares que pesan contra el exministro, para quien la acusación popular que dirige el PP solicita 30 años de cárcel y su ingreso en prisión preventiva.
Tanto la Fiscalía como las acusaciones -que ya habían pedido en dos ocasiones el ingreso en prisión de Ábalos- creen que estas elevadas peticiones de pena aumentan el riesgo de que el actual diputado en el grupo mixto pueda eludir la acción de la Justicia.
La vistilla para revisar las medidas cautelares, a instancias de la Fiscalía y de las acusaciones populares, ha durado unos 40 minutos y ahora corresponde al magistrado estudiar las alegaciones de las partes antes de decidir si le envía o no a prisión.
Hasta la fecha, las cautelares que pesan contra Ábalos son comparecencias quincenales, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte que, según fuentes próximas a su defensa, han funcionado correctamente en su caso.
De ingresar en prisión, el también exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos quedaría suspendido de sus funciones y atribuciones parlamentarias pero no perdería su acta en el Congreso, según el reglamento de la Cámara.
Tras la vistilla de Ábalos, a las 12:30 horas, está programada la de su exasesor Koldo García, para quien la Fiscalía pide 19 años de cárcel, que las acusaciones populares elevan a 30, y quien es posible que afronte el mismo escenario que quien fuese su jefe durante años.
José Luis Ábalos y Koldo García están procesados -en un auto que ha sido recurrido- por delitos como organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, por concertarse, presuntamente, junto con el empresario y presunto corruptor, Víctor de Aldama, para beneficiarse económicamente de supuestas adjudicaciones irregulares.
La Fiscalía, que comparte la tesis del juez instructor, alude a un "preciso reparto de funciones" entre los tres, tras ver "la oportunidad de obtener un común beneficio económico" aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y, en particular, en el "ilícito negocio" que habrían emprendido con contratos públicos de mascarillas para Adif y Puertos del Estado -dependientes de su ministerio- en pandemia, en marzo de 2020.
