La defensa niega que haya “absolutamente ni una prueba” contra el fiscal general y señala rotunda que “es inocente”

La defensa del fiscal general del Estado aseguró este jueves que “no hay absolutamente ni una prueba” de que Álvaro García Ortiz filtrase u ordenase filtrar el correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, “porque no puede haberla”. 

“El señor fiscal general del Estado es inocente de todo lo que se está diciendo aquí”, aseguró el abogado del Estado José Ignacio Ocio al cerrar el informe final con el que fundamenta ante el Tribunal Supremo (TS) su petición de absolución del fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos.

 Tras su intervención, Álvaro García Ortiz, que afronta peticiones de entre tres y seis años de cárcel y hasta doce de inhabilitación, rechazó hacer uso del turno de última palabra, y el juicio quedó visto para sentencia. Durante su informe, la defensa rechazó que haya “base probatoria” en unos hechos que, además, no son delito, porque el supuesto secreto que le acusan de revelar ya era conocido.

 La defensa de García Ortiz subrayó la “verosimilitud” del relato de seis periodistas que afirmaron conocer el correo o una oferta de conformidad del abogado de González Amador, que conllevaba reconocer los delitos. 

Recordó que González Amador filtró al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, uno de los correos y le autorizó a divulgarlo a la prensa. Esa, dijo, es la única filtración “acreditada en la causa”.

“Indicios manoseados”

Pese a esa ausencia de pruebas y en el “eventual supuesto” de que el tribunal no dé credibilidad a los periodistas que testificaron, el abogado del Estado trató de refutar, uno por uno, “los indicios que han sido manoseados constantemente por parte de las acusaciones”.

 Rechazó, por ejemplo, que se considere “culpable” al fiscal general por el “breve lapso de tiempo” que transcurrió desde que recibió dicho correo de manos de una subordinada (21.59 horas del 13 de marzo) hasta que lo publicó la Cadena Ser (sobre las 23.20 horas), porque en este tiempo otras personas también tuvieron acceso al mismo y no fueron investigadas.

 Esa es una de las “lagunas de la investigación” que subrayó la defensa de García Ortiz, la cual reprochó a las acusaciones que vean “clandestinidad” en la petición de los correos del fiscal general –incidió–, en base a una “dinámica legítima y legal” de una dación de cuentas. La defensa aseguró que el periodista que reveló el correo nunca habló con el fiscal general, porque su llamada no fue contestada.

 En ese momento, García Ortiz hablaba con la fiscal provincial de Madrid y saltó el contestador y así “obra en las actuaciones”.

 Especialmente crítico se mostró con que se haya “manipulado” el cierre de la cuenta de correo personal del fiscal general “como si fuera un indicio de cargo”. 

Si la cerró, reiteró, fue por los “mensajes hostiles” recibidos tras la filtración de un informe policial sin anonimizar, y en este punto subrayó que durante el registro a su despacho, los agentes pudieron acceder a los correos.

 “No se volcaron porque no quisieron”, añadió. Con igual contundencia se refirió al borrado de móvil de García Ortiz o sus cambios periódicos de terminal.

 La información que guarda “es tremenda”, apuntó, sobre “muchísimas causas de interés y relaciones exteriores” del país, y justifica “borrados periódicos”.

 Relacionar la fecha de uno de esos borrados –16 de octubre de 2024– con la apertura de la causa ese mismo día “no se sostiene”, porque García Ortiz “conocía de su próxima imputación, al menos desde el 12 de octubre”. “Lo podía haber borrado muchísimo antes si existiese voluntad de ocultamiento”, apuntó.

 Y respecto a la declaración de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, la principal en su contra, subrayó que “está basada en suposiciones, conjeturas”, y su versión tuvo modificaciones en las tres declaraciones.

 “La razón de ser es simple y llanamente una mala relación con la cúpula de la Fiscalía General del Estado. No puede darse otra explicación”, aseveró el abogado del Estado.