La Xunta se abre a transferir los fondos de la zona tensionada al Ayuntamiento de A Coruña solo si los destina para construir pisos
El Gobierno autonómico da un ultimátum de cinco días para obtener respuesta

La disputa por los fondos estatales destinados a las zonas residenciales de mercado tensionado suma un nuevo episodio entre A Coruña y Xunta. Si bien el Gobierno autonómico se abre a transferir, tras las reiteradas exigencias de la alcaldesa, Inés Rey, dichos fondos, lo hace poniendo condiciones y dando un ultimátum de cinco días al Ayuntamiento.
El Gobierno central confirmó hace semanas que A Coruña y Santiago recibirán algo más de 10,2 millones de euros por ser zonas tensionadas, una cantidad superior a la inicialmente anunciada y que está destinada a promover el acceso a la vivienda. La cuantía específica destinada para A Coruña será de siete millones de euros. La normativa estatal fija que el ingreso lo reciban las comunidades autónomas, pero Rey reclamó varias veces que el Gobierno gallego transfiriese dicha cuantía al Ayuntamiento según la reciba del ministerio, algo a lo que la Xunta se oponía.
Según una carta enviada este miércoles al Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta se abre a transferir este dinero, siempre y cuando sea destinado a construir nuevos pisos. El Gobierno local propuso destinar los fondos para arreglar cuarenta pisos municipales para que sean ellos quienes las destinen al alquiler social tras su rehabilitación, además de convocar ayudas anuales para el pago de seguros de impago.
La Xunta propone ahora que, de transferir los fondos, 7,2 millones de euros, con carácter finalista, deberán ser destinados exclusivamente a la promoción directa de viviendas de promoción pública de nueva construcción, en la parcela que indique el Ayuntamiento, ya sean realizadas por el Gobierno local o por la Xunta en parcelas que le sean cedidas.
El Gobierno autonómico da cinco días hábiles para obtener respuesta. En caso de que el Ayuntamiento no acepte la propuesta, la Xunta destinará los fondos al proyecto anunciado en el campus de Elviña, donde pretende construir 168 viviendas de promoción pública y 150 alojamientos compartidos para menores de 36 años. También reservar suelo para una residencia juvenil de 150 plazas. En esta actuación, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) prevé invertir alrededor de cincuenta millones de euros.
Más comunicaciones
Esta carta de la Xunta llegó unos días después de una comunicación remitida por el Ayuntamiento el pasado 28 de octubre. En esta, el Gobierno local defendió que lleva años “impulsando medidas efectivas para facilitar a promoción de vivenda pública e protexida, poñendo á disposición doutras administracións solo municipal apto para tal finalidade e incorporando expresamente esta liña de actuación entre as medidas incluídas na declaración de zona de mercado residencial tensionado”.
Esta carta fue enviada tras la petición de la Xunta de la cesión de parcelas municipales. “Resulta relevante lembrar que o Concello realizou nos últimos anos un importante esforzo de cooperación institucional mediante a cesión de parcelas municipais destinadas á construción de vivendas protexidas e de promoción pública”, recalcó el Gobierno local. Por ello, añadió, “non pode sosterse que exista falta de colaboración” y pidió a la Xunta que “concentre os seus esforzos en iniciar as edificacións nas parcelas previamente cedidas polo Concello, de forma que os compromisos adquiridos se materialicen en vivendas”.














