Abonados del gimnasio de San Diego denuncian un "trato autoritario" y "expulsiones arbitrarias" por parte de la dirección
Han registrado ante el Ayuntamiento 137 firmas
Un colectivo de abonados y usuarios del Complejo Deportivo Municipal de San Diego ha presentado un escrito oficial en el registro del Ayuntamiento de A Coruña respaldado por 137 firmas para denunciar el "trato autoritario, despectivo y amenazante por parte de la actual directora del centro, vinculada a la empresa concesionaria Supera-Sidecu", a la que culpan llevar a cabo expulsiones arbitrarias y uso injustificado de falsas acusaciones contra los socios.
Los afectados señalan que este registro masivo constituye su "último recurso" ante la nula respuesta y el "persistente desinterés mostrado por el área de Deportes del gobierno municipal frente a las reiteradas quejas presentadas durante los últimos meses". El colectivo subraya que el número de firmas se ha priorizado ante su presentación inmediata en vísperas del 14 de septiembre, fecha en la que concluye el plazo para que las empresas concurran a la licitación del nuevo contrato municipal de los centros deportivos de San Diego y O Castrillón, valorado en más de 112 millones de euros por un periodo de 30 años.
Como ejemplo de la arbitrariedad denunciada por los abonados, uno de los usuarios afectados asegura que lleva nueve meses expulsado del centro por una sanción tipificada como grave, cuyo periodo máximo de cumplimiento según la normativa municipal suele ser de seis meses. "A pesar de haber cumplido el castigo de sobra y de haber solicitado formalmente su readmisión por registro, la actual directora le deniega de forma unilateral la posibilidad de volver a darse de alta en las instalaciones públicas, vulnerando el reglamento del propio Ayuntamiento y actuando por encima de la propia administración local", denuncian los representantes de los abonados.
Los vecinos reclaman al consistorio que tome cartas en el asunto, abra una inspección real sobre la gestión de la instalación y exija garantías de que este "tipo de dinámicas de abuso con los usuarios no se perpetúen en la futura adjudicación del servicio deportivo público".
