
El Ayuntamiento de A Coruña anunció este lunes la adjudicación del contrato para el Programa Lecer Cultural, del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE). Según explican desde María Pita, se ofrecerá un servicio reforzado de actividades adaptadas a diferentes durante todo el año.
Señalan que la inversión para este curso se elevará “substancialmente” hasta los 279.642 euros, lo que supone doblar la cuantía previa, “un desembolso que busca blindar e ampliar a prestación municipal”. También se elevará el número de personas usuarias, que se situará en 11.205 personas, mil más que el año pasado.
“Neste Goberno cremos que todo o mundo ten dereito a gozar dunha oferta pública de actividades de calidade, por iso o Concello pon todos os recursos ao seu alcance para ofrecerlle a mellor programación á cidadanía, aumentando o investimento, o persoal e as prestacións deste servizo”, asegura el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, tras la adjudicación del contrato del programa Lecer.
La empresa adjudicataria e Sportmadness Eventos S.L.. En el contrato se incluirán talleres, programas de otoño y primavera, campamentos de verano y Navidad, las actividades de clausura, talleres monográficos y actividades de senderismo.
Con el nuevo contrato serán nueve los monitores, que tendrán también formación especializada en Necesidades Educativas Especiales (NEE). Serán 27 los talleres, 20 las excursiones urbanas y otras tantas salidas exteriores. Además, habrá 20 rutas de senderismo para adultos y otras nueve para niños y una oferta de campamentos estructurada por grupos de edad y temáticas.
Medidas disciplinarias
Otro de los puntos que refuerza el nuevo contrato es el blindaje de las condiciones laborales del personal empleado. Desde María Pita explican que se ha establecido que cualquier incumplimiento de las obligaciones salariales, o de la Seguridad Social, serán tipificadas como infracciones muy graves dentro del régimen de penalizaciones del propio contrato.
Esto quiere decir que, si se produce algún tipo de incumplimiento de este tipo, se aplicará la penalización máxima prevista por ley: un 10% del precio del contrato, IVA excluido, o incluso se podrá activar la cláusula de extinción del contrato.
Con esto el Ayuntamiento pretende evitar que se den situaciones como las que han obligado a la concesión de este nuevo contrato y que hicieron que los usuarios y empleados del programa saliesen a la calle a protestar.















