En A Coruña 19 de cada 20 desahucios son a inquilinos
El fenómeno se ha ido agudizando en los últimos años, al desaparecer el problema hipotecario
Durante los años duros de la crisis, surgió el grupo Stop Desahucios para protestar por la problemática de todas aquellas personas que perdían su vivienda por no poder pagar la hipoteca. Ahora, han surgido otros nuevos, como la Plataforma Polo Dereito á Vivenda o el sindicato de inquilinos que se centran en los desalojados por no pagar la renta. Porque en el partido judicial de A Coruña (que comprende no solo la ciudad, sino también municipios cercanos como a Arteixo, Cambre, Carral, Cerceda, Culleredo y Oleiros) el número de inquilinos desahuciados por orden judicial es 19 veces mayor que el de propietarios.
Las estadísticas del Poder Judicial señalan que, en efecto, en 2025 se registraron 185 casos de inquilinos que fueron expulsados por morosidad o por cualquiera otra razón de la vivienda donde residían, mientras que fueron solo diez los propietarios que no pagaron la hipoteca los que recibieron la visita de la comitiva judicial. Lo cierto es que, en los últimos años, se ha confirmado una tendencia a desaparecer los desalojos de propietarios, mientras que, aunque los de inquilinos se han reducido, no lo han hecho al mismo ritmo, y ya son casi la totalidad.
Antonio Vázquez, un veterano abogado que ha defendido de forma desinteresada muchos de estos casos, y que militó en su día en Stop Desahucios, confirma que se trata de un cambio de paradigma. “Stop surgió por la crisis de las hipotecas y por la burbuja inmobiliaria y esto es por la imposibilidad de acceso a la vivienda. Sociológicamente es distinto, sin coincidir personas”, aclara. Es por eso que han caído tanto los desahucios hipotecarios. “Ese problema, el de la crisis hipotecaria, ya se ha digerido social y judicialmente”, explica. Además, los bancos son mucho más cautos a la hora de conceder nuevos créditos y la mayor parte de la ciudadanía, por tanto, carece de recursos para poder comprar una vivienda. Sobre todo, a medida que la inflación y el aumento disparan los precios hasta un “encarecimiento desmesurado”.
Ante esta situación, solo queda el alquiler. Quizá eso explique por qué, en los últimos años, el número inquilinos ha crecido un 13% de 2011 a 2021, pasando de 21.450 a 24.681. Como para entonces había estallado la burbuja inmobiliaria y ya no se construía, esto conllevó que se redujera el número de pisos en propiedad, menguando la oferta en 5.441. En 20 años, ha pasado de sumar el 76% de la vivienda a ser el 73%. Pero mucha gente no tiene estabilidad laboral y sueldos que le permitan pagar los precios al alza de la renta.
Crisis distintas
La cuestión no es, matiza Vázquez, si esta crisis de alquiler es más grave que la hipotecaria: “No es una cuestión de peor o mejor, son situaciones diferentes. Antes el acceso a la vivienda era fácil, gracias al crédito, y al bum del mercado inmobiliario. Ahora es al revés”. Por supuesto, las autoridades han adoptado medidas, muchas de ellas polémicas por entender que lesionan los derechos de los caseros.
Por ejemplo, el decreto ley 11/2020, más conocido como la ley de vulnerabilidad. Esta norma permite a muchos arrendatarios acogerse a la figura de vulnerable: si los ingresos son bajos (menos de 1.613 euros), no se tiene empleo, si es dependiente o está a cargo de uno. Surgida como una medida extraordinaria motivada por la pandemia, se ha alargado hasta la principios de este año. Pero sigue en vigor la ley de enjuiciamiento civil, que faculta al juez para suspender un lanzamiento (desalojo, en lenguaje judicial) por razones de vulnerabilidad económica.
Uno de los efectos colaterales ha sido que los caseros ya no alquilan a personas que entren dentro de esta categoría. Aunque Vázquez siempre se encuentra al otro lado, reconoce que si representara a un arrendador le advertiría de que “el hecho de alquilar una vivienda a alguien con una capacidad económica limitada supone un riesgo. Una regla teórica es que la vivienda no debe costar más de un tercio de sus ingresos. Como el alquiler actual en A Coruña difícilmente baja de los 600, debería aconsejar a mi cliente que no arrendara el piso a nadie que cobrara menos de 1.800 euros al mes”.
Porque, señala: “un procedimiento de desahucio puede llevar dos años” debido al atasco actual en los juzgados. “Llevo meses esperando que admitan a trámite un caso”, se lamenta.
Por otro lado, el abogado califica medidas como la zona de mercado tensionado, que lleva casi en vigor un año en A Coruña, de “parches”. La única solución es que la vivienda sea accesible, y para eso tiene que ser barata y abundante. Es ahí donde las autoridades tienen que aplicar sus esfuerzos.
Gran actividad de Las empresas de desokupación
El atasco judicial que provoca que los casos de desahucio se alarguen hasta dos años explica por qué algunos caseros deciden utilizar métodos alternativos para recuperar su propiedad de inquilinos morosos o que simplemente se niegan a abandonarla. Las empresas de desokupación son el resultado de ello, y que la ley de vulnerabilidad ya no esté en vigor no ha cambiado la situación. En un principio pensadas para actuar contra gente que se apodera de viviendas vacías, su línea de trabajo ha derivado a los inquilinos morosos, o “inquiokupas” como a veces se les denomina, por tratarse de una casuística también importante. El gerente de la compañía Desocupa24horas, que opera en gran parte del territorio nacional, asegura que su delegación coruñesa recibe aproximadamente treinta llamadas semanales de propietarios interesados en conocer los servicios que prestan.
