La Justicia respalda al Ayuntamiento de A Coruña frente al Estado: no tendrá que asumir los gastos de mantenimiento de la antigua cárcel
El Consistorio se reunirá antes de agosto con el Gobierno central para tratar de resolver la titularidad pública del inmueble
Hace más de un año y medio que una sentencia judicial liberó al Ayuntamiento de A Coruña de abonar 2,8 millones de euros por la antigua cárcel provincial. Pero la disputa no se acabó ahí y el Estado recurrió el fallo, alargando el estado de abandono de este inmueble. Este martes, no obstante, la justicia ha vuelto a dar la razón al Gobierno local: desestima dicho recurso de apelación y rechaza que sea el Ayuntamiento quien tenga que hacerse cargo de los gastos de mantenimiento.
Si bien todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el Gobierno municipal valora positivamente el resultado de la sentencia, "que apuntala a posición do Concello da Coruña". Además, el Ayuntamiento mantiene abierto el diálogo con el Estado "para resolver a titularidade do cárcere provincial". Esta negociación "estase producindo con discreción, e antes de agosto prevese unha nova reunión entre o Goberno local e o Goberno de España", añaden fuentes municipales.
El fallo emitido este martes confirma la sentencia dictada en noviembre de 2024 y exime al Gobierno local de correr con los quince millones de euros que reclamaba el Estado.
En 2005, el gobierno liderado por Francisco Vázquez firmó con el Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado) una permuta por la que entregaba el solar donde se construiría el Centro de Inserción Social (CIS) a cambio del solar de la cárcel y del propio edificio. También debía pagar 1,2 millones de euros y 325.000 en concepto de gastos de mantenimiento.
Pero cuando Carlos Negreira llegó al poder echó atrás el acuerdo y comenzó un largo litigio que todavía no ha concluido. Rey quiso cerrarlo en 2022 con un acuerdo con el Siepse pero, al gobernar en minoría, el rechazo de la oposición le impidió cerrarlo. Tanto el BNG como el PP consideraban que el Ayuntamiento no tenía por qué pagar por un solar que era de su propiedad y que se había cedido solo para construir la prisión.
La sentencia judicial vino a decir que el trato al que habían llevado a ambas partes no era legal porque la propiedad pública no podía enajenarse, ni siquiera a otra entidad pública. Poco después, Siepse decidió recurrir la sentencia porque se consideraba obligada a defender los intereses del Estado, aunque tampoco descartaba negociar. Un año más tarde, el inmueble sigue languideciendo, pero la justicia le ha dado la razón al Ayuntamiento de A Coruña.
