Una familia llevará a la Fiscalía el “acoso sistemático” de un colegio hacia su hijo con discapacidad
Los padres alegan una “vulneración en los derechos fundamentales” para provocar el “cambio forzoso de centro”
Una familia residente en A Coruña denunciará ante la Fiscalía de Menores el “acoso sistemático” y la “vulneración de derechos fundamentales” por parte del profesorado del CEIP San Pedro de Visma hacia su hijo. El menor de siete años, diagnosticado con TDAH con baja tolerancia a la frustración, careció durante este curso 2025-26 de un plan de intervención por parte del colegio para tratar sus necesidades especiales y se le cambió el recurso –sin comunicación a los padres– por el que, a pesar de contar con profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) de categoría preferente, este año se le asignó lo que se conoce como un ‘PT de catálogo’. Según explica la abogada de la familia, Karina Vázquez Dourado, “no se les avisó a los padres de que había un cambio de recurso”.
No obstante, esto no es lo único que ha tenido que sufrir la familia en este tercer curso en el que su hijo está matriculado en el colegio de San Pedro de Visma. Sin embargo, según comenta su padre, Javier González, “todo fue diferente este año”. En este sentido, González considera que el cambio de recurso y, sobre todo, en la dirección del centro, está directamente relacionado con los fatídicos episodios que ha tenido que vivir su hijo desde el pasado mes de octubre.
Los hechos
Todo comienza el 10 de octubre, cuando los padres son informados de que su hijo había tenido un brote. A su llegada al centro, observan dos ambulancias –una de ellas mecanizada– y ven cómo se llevan a su hijo “atado de manos y pies”. Todo ello, después de haberlo encerrado previamente en una de las aulas. Algo que escandalizó a los progenitores, ya que, aunque el menor ya había sufrido varios brotes similares, “nunca antes había hecho falta que viniese la ambulancia”, incide el padre.
Este acontecimiento, que según la familia y su abogada podría haberse evitado si existiese un plan de intervención –como el año pasado–, provoca en el menor de siete años una alteración en su tolerancia (pasando de baja a nula) y, de esta forma, el cambio de medicación, que propicia una subida de peso de unos doce kilos tan solo en unos meses. Tras el incidente, el centro solicita una reunión con los padres en la que les explican que su hijo es “un peligro para toda la comunidad educativa”. Incluso para sus iguales, “con los que nunca antes había tenido ningún tipo de problema”, según la abogada de la familia. A su vez, desde Dirección les indican que, a partir de ese momento, cuando ocurra un episodio similar, se avisará a emergencias sanitarias al mismo tiempo que a ellos. Por lo que, para evitar que el niño se ponga más nervioso cuando lleguen las ambulancias, la madre del menor opta por realizar guardias de hasta cinco horas en las puertas del colegio.
Apenas unos días después, ocurre un suceso similar. Nuevamente y, en contraindicación de la actuación correcta en personas con necesidades especiales, los progenitores encuentran a su hijo agarrado por docentes en el suelo. Según apuntaron los profesores, el menor habría golpeado a su PT tras una discusión previa. Tras lo ocurrido, en el centro aplican el decreto de la Xunta y expulsan al alumno. “Tuve que decirle que había fiesta y no había colegio por su salud mental”, expone la madre del menor. En total, tal y como indica el padre, estuvo más de un mes en casa “sin intervenciones, sin llamadas del colegio y sin programación escolar”. Al reincorporarse, la dirección les comenta la posibilidad de cambiar de centro. Pero, tras comentarlo con los terapeutas personales del niño, entendieron que, “en ningún caso” esta era una buena opción.
Varios meses después, el menor vuelve a sufrir una crisis y, tras explicarle que no iban a llamar a su madre, un profesor “ajeno a él” le toca, lo que provoca instantáneamente que el niño se sienta violentado y acabe por golpear al docente, por lo que desde el centro deciden volverlo a expulsar. A partir de aquí, se abrió un procedimiento corrector en el que el colegio designa a un instructor para que investigue los hechos de este día. Aunque finalmente este instructor tendría en cuenta todos los sucesos del curso. La resolución, aportada por el centro este mismo lunes, exige el cambio forzoso de colegio. Por ello, a mayores del recurso judicial en el contencioso-administrativo por “actuación irregular del centro”, los padres también solicitaron una entrevista con la Consellería: “Ellos solo saben su versión, pero no la nuestra. A nosotros nos lo han hecho pasar muy mal. En total, esto nos ha supuesto más de 20.000 euros, pero yo no quiero dinero, yo lo que quiero es que se haga justicia”, sentencia el padre del menor.
