El PP de A Coruña exige que se recuperen las "1.000 plazas de campamento eliminadas desde 2023"
Los populares también instan a revisar los criterios de acceso de las personas con discapacidad "para garantizar una participación verdaderamente inclusiva y libre de discriminación"
El PP de A Coruña ha presentado una moción para instar en el Pleno del día 14 de mayo a recuperar las plazas recortadas de los campamentos y revisar los criterios de acceso de jóvenes con discapacidad.
En su iniciativa proponen recuperar progresivamente las plazas eliminadas en los campamentos municipales desde 2023 y elaborar un plan de ampliación de la oferta que responda a la demanda real de las familias y facilite la conciliación. Además apelan a revisar "los criterios de acceso de las personas con discapacidad a los campamentos municipales para garantizar una participación verdaderamente inclusiva y libre de discriminación".
Junto a ello, el grupo que dirige Miguel Lorenzo, pide al Ayuntamiento que incremente los recursos humanos y materiales necesarios para asegurar la atención adecuada de los menores con discapacidad, promoviendo adaptaciones individualizadas y apoyos especializados.
Los campamentos municipales constituyen, explican desde el PP local, "una herramienta fundamental para favorecer la conciliación de las familias durante los períodos no lectivos, así como para garantizar espacios educativos, deportivos y de ocio saludable para niños y chicos de la ciudad. Sin embargo, en los últimos años se produjo una reducción muy significativa de la oferta municipal de plazas, que está generando preocupación entre muchas familias coruñesas. Entre los años 2023 y 2026, el número total de plazas en los campamentos municipales se redujo en un 17%".
Los populares también muestran su preocupación por la regulación del acceso de los menores con discapacidad al Campamento de Mocidade. Las condiciones limitan la participación a un máximo de dos plazas por turno y establecen requisitos como “tener capacidad de comunicación y participación en las actividades”, “tener una movilidad acorde con las características de las actividades” o “no presentar trastornos que puedan alterar la convivencia”. Estas condiciones transmiten "una visión restrictiva y poco inclusiva de la discapacidad, alejada del principio de igualdad de oportunidades y de la necesaria adaptación de los servicios públicos a las necesidades reales de las familias", afirman.
