Funcionarios de prisiones gallegas se concentran ante la Delegación del Gobierno para reclamar más personal y mejores condiciones

Funcionarios de los centros penitenciarios gallegos se concentraron ayer ante la sede de la Delegación del Gobierno en Galicia para visibilizar la situación laboral que atraviesa el sector y reclamar soluciones urgentes a la falta de personal y al aumento de la población reclusa.

En la protesta participaron trabajadores de las cinco prisiones de la comunidad: Centro Penitenciario de A Lama, Centro Penitenciario de Bonxe, Centro Penitenciario de Monterroso, Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar y Centro Penitenciario de Teixeiro, así como del Centro de Inserción Social Carmen Avendaño. La concentración se desarrolló entre las 11:30 y las 12:30 horas y sirvió para trasladar a la ciudadanía y a los medios las principales demandas del colectivo.

Tras la movilización, representantes de los funcionarios mantuvieron una reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras, a quien expusieron las principales problemáticas que afectan a las prisiones gallegas.

Entre las cuestiones planteadas destaca la falta de efectivos, ya que, según denuncian, las relaciones de puestos de trabajo presentan un déficit de entre el 15% y el 20%. A ello se suma el envejecimiento de las plantillas, con una media de edad superior a los 55 años. Los representantes de los trabajadores también señalaron que la creación de nuevos grupos de trabajo, como la unidad canina o el Grupo de Intervención y Control (GICO), se está cubriendo mediante comisiones de servicio con personal que procede de vigilancia interior, lo que reduce aún más los efectivos en esas funciones.

Además, recuerdan que los funcionarios que pasan a segunda actividad a partir de los 57 años —tras décadas de trabajo en vigilancia— también ocupan puestos que salen de esa misma área sin que se repongan en las plantillas oficiales. A nivel estatal, calculan que el sistema penitenciario arrastra un déficit de alrededor de 4.000 trabajadores.

Los funcionarios también alertaron de que el perfil de los internos no se ajusta a lo previsto en el modelo del Convenio S XXI para los centros de categoría C —Bonxe, Monterroso y Pereiro de Aguiar—, concebidos para internos de menor conflictividad. Según denuncian, actualmente se están trasladando a estos centros presos en segundo grado con numerosos incidentes regimentales, cuando deberían destinarse a internos más adaptados al régimen ordinario.

Durante el encuentro también se abordó la falta de médicos en las prisiones, un problema que afecta a varios centros. Sobre este asunto, el delegado del Gobierno explicó que se está trabajando con el Servizo Galego de Saúde para establecer un convenio que permita mejorar la cobertura sanitaria en las instituciones penitenciarias.

Al término de la reunión, el delegado del Gobierno se comprometió a trasladar la situación expuesta por los funcionarios al secretario de Estado de Seguridad, con el objetivo de analizar posibles soluciones a las demandas del colectivo.