El PP reclama un nuevo cuartel para la Policía Local y apoyo a los trabajadores de las concesionarias

El Grupo Municipal del Partido Popular en A Coruña presentará en el pleno de este jueves dos mociones centradas en la seguridad ciudadana y en la situación laboral de los trabajadores de las concesionarias municipales. Así lo anunció este martes el portavoz popular, Miguel Lorenzo, quien denunció carencias estructurales en ambos ámbitos y reclamó una mayor implicación del Gobierno local.
La primera de las iniciativas plantea la necesidad de dotar a la Policía Local de “más y mejores medios”, incluyendo la construcción de un nuevo cuartel que sustituya a las actuales instalaciones de la calle Tui. Según Lorenzo, vecinos, comerciantes y hosteleros “están desesperados” ante la falta de seguridad, una situación que, a su juicio, exige recuperar la Policía de Barrio y reforzar tanto los recursos humanos como materiales del cuerpo.
El portavoz popular defendió la creación de un cuartel “del siglo XXI para una policía del siglo XXI”, que sea eficiente, accesible y adaptado a las necesidades actuales de agentes y ciudadanía. Entre los requisitos que plantea la moción figuran una ubicación estratégica con buenos accesos de entrada y salida de la ciudad, proximidad a otros servicios de emergencia, accesibilidad universal, espacios amplios y multifuncionales, inversión en nuevas tecnologías y una ventanilla de atención ciudadana en condiciones.
Lorenzo subrayó que las actuales dependencias no cumplen con los estándares mínimos de un edificio moderno, carecen de accesibilidad universal y presentan una notable falta de espacio para agentes, material, vehículos y unidades especializadas.
La segunda moción se centra en la situación de los trabajadores de las concesionarias municipales, más de mil empleados que, según el PP, prestan servicios esenciales en la ciudad y “se enfrentan al abandono del gobierno municipal”. Lorenzo acusó al Ejecutivo local de eludir su responsabilidad como garante de que los servicios se presten con normalidad y de que los trabajadores cobren sus nóminas “en tiempo y forma”.
El portavoz popular recordó que los problemas de impagos no son nuevos y citó casos como los vigilantes del Kiosco Alfonso y la Estación de Autobuses en 2022, las bibliotecas en 2023, los conserjes de instalaciones deportivas en 2024 o las escuelas deportivas en 2025, además del reciente conflicto en el programa Lecer.
En la moción, el PP insta al Gobierno municipal a realizar en un plazo de tres meses una auditoría social y laboral de todos los contratos de servicios municipales, que evalúe el cumplimiento de la legislación laboral, la estabilidad del empleo, la puntualidad en los pagos y las condiciones de seguridad y salud. Asimismo, propone introducir en los pliegos la obligación de que las empresas adjudicatarias acrediten mensualmente el pago de las nóminas y asuman la responsabilidad de los salarios impagados incluso en caso de resolución del contrato, permitiendo a la Administración retener las cantidades necesarias para garantizar dichos pagos.









