A Coruña recauda medio millón de euros por la tasa turística e inspeccionará a los pisos vacacionales que no cumplen la norma
La alcaldesa asegura que la medida "está funcionando"
A Coruña implantó la tasa turística el 29 de septiembre de 2025, con el fin de afrontar los costes de los servicios que se prestan a los visitantes y evitar que estos recaigan en los ciudadanos. Una vez expirado el primer trimestre de aplicación, la alcaldesa, Inés Rey, hizo balance este martes, tras la celebración de la comisión de seguimiento de la medida. En total, el Gobierno local ha recaudado 407.000 euros de la tasa turística, pero la cifra aumentará hasta el medio millón de euros en los próximos días, ya que de los 31 hoteles de la urbe, seis todavía no han abonado las tasas.
La regidora, pese a recalcar la buena cooperación que han tenido los establecimientos hoteleros, denunció la falta de colaboración por parte de las viviendas turísticas. "No cumplen con la normativa, y tampoco con la otra -refiriéndose a la ordenanza de pisos turísticos- por lo que habrá una inspección", señaló.
La tasa turística, en palabras de la alcaldesa, “está funcionando”. Sin ir más lejos, Rey ofreció datos que respaldan tal afirmación: “Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), el número de pernoctaciones subió un 14% en 2025, mientras baja en Santiago y Vigo. No solo somos la ciudad que más subió en pernoctas, también entre septiembre y diciembre, con la tasa turística ya activa, crecemos un 14,5%”. Esto, dijo, choca con “esos agoreros que decían que con la tasa todo sería turismo low-cost”, en referencia al PP.
En los próximos meses, anunció, “crearemos un sello específico de la tasa turística”, con el objetivo de permitir acceder a la información del sector y al destino que se le da a los fondos recaudados con el impuesto al turismo. La comisión de seguimiento, que preside el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, está integrada también por técnicos municipales de Turismo y Economía, así como representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Hospeco y Autoridad Portuaria.
La tasa, que la tienen que abonar los visitantes en los hoteles, pensiones y viviendas turísticas donde pernoctan, va de uno a 2,5 euros por día. En referencia a la tasa de los cruceristas, Rey explicó ayer que el Gobierno local cumplirá la normativa de la Xunta. “Fue el PP quien, en la ley de acompañamiento presupuestario, estableció esta tasa para cruceristas, eso corresponde a la Xunta”. El Puerto de A Coruña pidió excluir a los cruceros –que tenían una prórroga hasta enero– esta medida, pero la alcaldesa aseguró que espera que estos entren en la próxima declaración trimestral.
El PP también se pronunció sobre la tasa turística. Su portavoz, Miguel Lorenzo, indicó que, si alguna vez es alcalde, “la derogaré”. “Quiero que vengan turistas. No está pensada para esta ciudad. Estar poniendo impuestos, impuestos, impuestos... me preocupa”.
“Persecución”
El vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Rafael Serrano, afirmó, tras la rueda de prensa de la alcaldesa, que desde la entidad desconocen el dato de “cuántas viviendas han solicitado inicio de actividad municipal por cumplir la ordenanza y, de esas, desconocemos cuántas estarán alquiladas a estudiantes”.
Desde el inicio de aplicación de la tasa turística, añadió, “al ser finales de septiembre, muchas ya habrían dejado el alquiler vacacional, por lo que es probable que hayan recaudado poca tasa turística”. Por otra parte, Serrano calificó, una vez más, de “persecución” a las 700 viviendas turísticas que no cumplen la ordenanza y estaban dadas de alta en el REAT – Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia– antes de su aprobación. “Estamos a la espera del pronunciamiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre si vulneran los derechos de los propietarios que funcionaban legalmente hasta la aprobación de la norma municipal”.
Fue en septiembre cuando el TSXG admitió a trámite el recurso interpuesto por Aviturga contra la normativa. Todo ello, apuntaron entonces desde la entidad, “tras las advertencias previas realizadas al Consistorio sobre los graves defectos legales que contiene la normativa”. Uno de los aspectos más controvertidos, apuntaron desde Aviturga, es que la nueva regulación “ignora por completo los derechos adquiridos de quienes cuentan con registro turístico oficial desde el año 2017 y cumplen escrupulosamente con todas las normativas vigentes, tanto estatales como autonómicas”.
