Una empresa de A Coruña sufre un ciberataque de su propio informático y pierde 220.000 euros
El Tribunal Supremo condena al encausado a pagar una indemnización equivalente al lucro cesante y le impone casi tres años de cárcel
Una empresa de A Coruña, Impulsa Plus Hispania (dedicada al alquiler de vehículos), vivió un auténtico calvario tras sufrir el secuestro de su sistema informático por parte de un técnico al que había encomendado el mantenimiento unos años antes. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, en la que figura como ponente el magistrado Pablo Llarena, revela este episodio ocurrido en 2020.
Los hechos probados, validados por el Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña, la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo recogen que Impulsa Plus Hispania, contrató en 2016 a una persona los servicios de mantenimiento y gestión del sistema informático, trabajos por los que esta facturaba periódicamente sus honorarios.
Conflicto
El problema empezó a finales de 2019 cuando la Seguridad Social notificó a la empresa una orden de embargo contra el encausado que obligaba a retener los pagos que tuviese que efectuarle.
“El cumplimiento de esta orden dio origen a desavenencias entre el acusado y la empresa en el curso de las cuales este último reclamó en junio de 2020 el pago en metálico y de forma inmediata de 4.029,04 euros que decía le eran debidos, añadiendo que, de lo contrario cortaría el acceso al servidor y a todo el sistema informático de la empresa”, recoge el fallo del Supremo.
Impulsa Plus Hispania se negó inicialmente. Según el relato judicial, el informático, que tenía acceso remoto a la red de la compañía, “el día 2 de julio de 2020” bloqueó “el acceso al servidor de la empresa” mediante el cambio “de las contraseñas de todos los usuarios dados de alta en el mismo”, haciendo “imposible restaurarlas”.
“Con ello impidió el uso del programa informático y del software de planificación de recurso empresariales y de todos sus datos lo que provocó la paralización íntegra de la actividad de la empresa”, afirman los magistrados.
En los días posteriores, la firma afectada trató de que el informático restableciese el servicio sin conseguirlo debido a que este insistía “en reclamar dinero para desbloquear el servidor”, según los hechos probados.
“El día 7 de julio de 2020 la empresa, dado que necesitaba de forma perentoria hacer uso del sistema, accedió a extender un cheque a nombre del acusado por importe de 4.000 euros que fue posteriormente anulado ante el aumento de las exigencias del encausado, quien llegó a reclamar el abono de la totalidad de su deuda con la Seguridad Social”, indica el fallo judicial.
Paralización de la actividad
Esto provocó, tal y como figura en la sentencia, que Impulsa Plus Hispania perdiese el acceso a la base de datos de sus clientes, proveedores y de vehículos de su flota. Además, perdió los listados de clientes pendientes de cobro y se vio obligada a adquirir un nuevo programa y contratar los servicios de otro informático.
El restablecimiento del sistema y la recuperación de parte de los datos perdidos se consiguió tras varios meses de trabajos. Los jueces consideran probado que esto ocasionó a Impulsa Plus Hispania unos perjuicios tasados en 220.000 euros.
El Tribunal Supremo considera que ha quedado constatado que la empresa, “tras la intensa presión desplegada por el acusado”, llegó a emitir y entregar “un cheque por importe de 4.000 euros” y que la voluntad de su administrador quedó efectivamente “doblegada”, viéndose obligado a asumir “un comportamiento contrario a su inicial decisión de no pagar cantidad alguna”.
El Supremo mantiene la condena que impuso la Audiencia Provincial, que ha fijado que el informático fue autor de delitos de daños informáticos y coacciones, y le impuso una pena de dos años y diez meses de cárcel. Además, el condenado deberá pagar una indemnización de 220.000 euros a la empresa.
