La Xunta ha trasladado 123 actas de inspección relativas a posibles servicios urbanos irregulares en A Coruña
La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, mantuvo este jueves un encuentro con la Fegamp y representantes municipales para abordar la situación de los VTC en Galicia, una reunión en la que A Coruña estuvo muy presente. Fontela insistió en que la Xunta cumple “estrictamente” con la normativa estatal y que la competencia sobre los servicios urbanos de VTC —incluidas las sanciones— recae en los concellos, entre ellos el coruñés.
La responsable autonómica recordó que las autorizaciones que tramita la Xunta son solo interurbanas, es decir, permiten operar entre distintos municipios pero no dentro de las ciudades. Si A Coruña quiere habilitar servicios urbanos de VTC, debe hacerlo mediante sus propias ordenanzas, tal y como contempla la Lei de Transporte Público de Galicia.
En este sentido, Fontela subrayó que la Xunta no puede sancionar a los VTC que operen de forma indebida dentro del término municipal, pero sí puede —y lo hace— remitir las irregularidades detectadas para que el Concello actúe.
Solo en lo que va de año, el Ejecutivo autonómico ha trasladado 123 actas de inspección relativas a posibles servicios urbanos irregulares en A Coruña. “Son los concellos los que deben tomar las decisiones oportunas respecto a la regulación y sanción en el ámbito urbano”, recordó.
La directora xeral también explicó que la normativa estatal se modificó en 2023, limitando la concesión de nuevas licencias a criterios ambientales y de congestión de tráfico, salvo para vehículos eléctricos o cero emisiones. La Xunta, señaló, cumple con esos requisitos de manera “rigurosa”.
Fontela aprovechó el encuentro para recordar que los ayuntamientos también tienen obligaciones con el sector del taxi, al que deben garantizar un servicio continuo y en buenas condiciones. La Xunta, por su parte, mantiene su apoyo con ayudas para renovar vehículos adaptados o de bajas emisiones, con una línea de 500.000 euros publicada esta misma semana de cara a 2026.
Además, el Gobierno gallego ha enviado una comunicación a todos los titulares de licencias VTC recordándoles sus deberes legales, y continuará reforzando las inspecciones. “Seguiremos velando para que se cumpla la normativa, pero en el ámbito urbano, quienes deben actuar son los concellos”, concluyó.
