A Coruña reclama a la Xunta que paralice la concesión de licencias de VTC
La concejala de Movilidad asegura que “se demandará una nueva normativa que se adecúe a la realidad”
Los ayuntamientos de A Coruña, Vigo y Santiago reprocharon este martes a la Xunta que eluda su deber en la gestión de los vehículos con conductor (VTC) y reclamaron que asuma la regulación de este tipo de transporte. A esta petición se sumó el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, tras mantener una reunión telemática con los concejales de movilidad de las ciudades gallegas con mayor presencia de VTC.
El Gobierno municipal dio a conocer, tras este encuentro, que los tres ayuntamientos enviarán a la Fegamp sus demandas para que el Gobierno gallego “no se desentienda de la regulación de los VTC”. Será la Fegamp la que transmita estas demandas a la Xunta. A Coruña, por su parte, “pedirá que la Xunta presente un estudio sobre la demanda interurbana que existe y que, mientras no esté, se paralice la concesión de licencias”. A su vez, explicaron fuentes municipales, “se demandará una nueva normativa de movilidad de taxis y VTC para que se adecúe a la nueva realidad”.
La concejala de Movilidad, Noemí Díaz, calificó como “produtiva e concisa” la reunión. Sobre el estudio de demanda de servicios interurbanos que reclamarán, apuntó que, a día de hoy, “non existe” y considera que es “a base fundamental para poder outorgar licenzas”. Díaz señaló que la Xunta concedió, hasta la fecha, “máis de 800 licenzas sen ningún tipo de criterio”. La Xunta, dijo, “sabe dos incrumprimentos e sabe que hai servizos urbanos VTC”. Por todo ello, instan a la Administración autonómica a paralizar la concesión de licencias.
Según la Fegamp, la Xunta se limitó a recordar a las empresas y plataformas que los servicios pueden operarse en todo el territorio gallego –entre municipios–, apuntando que son los ayuntamientos los competentes para sancionar en caso de usos indebidos. No obstante, Varela tachó de “poco razonable” que la responsabilidad recaiga exclusivamente sobre los municipios sin contar con una normativa autonómica “sólida”.
