El ADN es la solución para el problema que A Coruña sufre desde hace más de 40 años
Alcalá de Henares introdujo el análisis genético de las heces de los perros en octubre de 2023 y ha conseguido reducir significativamente un importante obstáculo para la convivencia
A lo largo de la historia, el análisis del ADN ha ayudado a solucionar muchos casos peliagudos que llevaban años sin resolver. Y también podría ser la solución para un problema que lleva años manteniendo en jaque al Ayuntamiento: el de los excrementos caninos que ensucian las calles. No en vano, Francisco Vázquez, reconoció que este era un problema cuando llegó a la Alcaldía en 1983, y que seguía existiendo cuando la abandonó, en 2006.
La idea de analizar la procedencia de las heces lleva tiempo rondando, incluso la sopesó la primera concejala de Medio Ambiente del Gobierno de Inés Rey, Esther Fontán, pero la medida nunca se aplicó por falta de voluntad política. Sin embargo, otras ciudades sí lo han hecho, como Alcalá de Henares.
Esta ciudad, situada al nordeste de Madrid, tiene algunas similitudes con A Coruña. Para empezar, es de un tamaño similar (200.000 frente a 250.000 habitantes) y también cuenta con una alta densidad de población, lo que vuelve aún más importantes las normas de convivencia. El concejal de Medio Ambiente de esta ciudad, Vicente Pérez, explica que no hubo problema en su implantación. Quien modificó la ordenanza fue el PSOE, que gobernó hasta 2023, pero el que la implantó fue el PP. “Los grupos principales estábamos de acuerdo. No hubo ningún tipo de batalla”, asegura.
Lo primero que hubo que hacer fue modificar la tenencia de ordenanza de animales, lo que se hizo en 2020, para incluir la obligatoriedad del registro de ADN. Dieron una moratoria a los dueños de los perros para ponerse al día y arrancó en octubre de 2023. Se destinaron dos aplicaciones presupuestarias: una para las analíticas, que cuestan 45.000 euros al año, y otra de cien mil para las actas de animales en el censo. El coste era de 33 euros, pero al usuario solo le costaba diez. Actualmente, el censo de ADN incluye 10.000 animales, de una población canina que puede rondar los 16.000 perros.
En cuanto a cómo funciona el procedimiento, Pérez explica que recogen avisos de “zonas calientes” a través de la app municipal, Cuida Alcalá, o a través de los reportes de limpieza, de que en algún lugar hay excrementos. “Muchas veces te escriben los padres en los colegios”, añade.
Cada quince días se planifica un operativo que incluye: el técnico de laboratorio, un policía local que levanta acta de dónde y cuándo se ha recogido la muestra, y un equipo de limpieza viaria que lo limpia todo. “Son siempre cuatro o cinco personas”, explica. Finalmente, se pegan carteles en la calle anunciando que se han recogido muestras.
Doble resultado
El resultado es doble: cuando se obtiene un positivo, se inicia un expediente sancionador. Y segundo, el personal municipal advierte a los dueños de los perros que encuentran y que no están registrados, que lo hagan cuanto antes o también serán sancionados. “Hemos hecho unas mil muestras, una cada quince días, con 197 positivos, todos con expediente sancionador, y otros 150 por no haber aportado el ADN”, dice.
En cuanto al precio por análisis, es de unos 30 euros, mientras que la multa oscila entre 300 y 3.000 euros (influye que sea reincidente o dónde se ha recogido el excremento). Pero vale la pena. “No hay nadie que no reconozca que hemos mejorado mucho. Tenemos el 70% de la cabaña canina dada de alta, y resto tiene cuidado. Nuestra siguiente batalla son los orines”.
