Silvia Longueira acusa a la Xunta de Galicia de "no defender fondos y parcelas públicas" ante el riesgo de perder diez millones de euros en Xuxán
La diputada socialista en el Parlamento gallego, Silvia Longueira, acompañada por el eurodiputado Nicolás González Casares, mantuvo un encuentro con los cooperativistas de Xuxán para analizar la situación del proyecto de las 214 viviendas de alquiler social y el riesgo de perder 10 millones de euros en fondos Next Generation debido a los retrasos en su ejecución.
Según informan desde el PSOE de A Coruña, Galivivienda, sociedad cooperativa de viviendas de ámbito nacional integrada en el sector de la economía social, y la gestora Gesvieco podrían perder esta ayuda europea debido al retraso en la construcción de las 214 viviendas previstas en el barrio coruñés de Xuxán, que a día de hoy aún no comenzaron a levantarse.
“Esto supondría incurrir en una mala gestión de fondos europeos, además de los múltiples problemas que ya tiene la cooperativa, puesto que no alcanzaron en su momento una valoración positiva de los créditos ICO, teniendo que presentar otro plan de financiación que avale la gestión de Galivivienda”, explicó la diputada socialista en el Parlamento gallego, Silvia Longueira,
Las viviendas se proyectan en una parcela de la Xunta de Galicia, cedida para destinarlas a alquiler social por un período de 50 años. “Conocedora de los problemas generados por la gestión de Galivivienda, la Xunta de Galicia no sale en defensa de los cooperativistas, que durante este último año ven como no solo mudaron de manera unilateral las condiciones de financiación por parte de Galivivienda, sino que podrían enfrentarse a la pérdida de una ayuda ya concedida por Europa, que limita el plazo de ejecución de las obras a cuatro años”, afirmó Longueira.
Según relata la agrupación provincial PSdeG, el plazo de ejecución finalizaría el 31 de diciembre de 2025, por lo que la falta de avances en las obras podría suponer la devolución de los fondos comunitarios. La parlamentaria socialista concluyó advirtiendo que se trata de una “parcela pública y fondos públicos que la Xunta decide no defender frente a intereses empresariales”, reclamando así una respuesta e implicación por parte del Gobierno gallego para garantizar el cumplimiento de los plazos y la protección de los cooperativistas.
