Eutanasia en vigor

Cumplido el plazo de tres meses previsto en la ley correspondiente, el viernes pasado entró en vigor la norma que regula la aplicación de la eutanasia y que convierte a España en el quinto país del mundo que la incluye en su ordenamiento jurídico como un derecho. Cierto es que llega a medias, porque sólo siete comunidades autónomas han creado y desarrollado las Comisiones de garantía y evaluación previstas para verificar de forma previa y controlar a posteriori las solicitudes por el paciente y aplicación del derecho a morir. Otros extremos importantes están también en el aire, como la objeción del personal sanitario, el alcance de indicaciones como “sufrimiento insoportable” o “padecimiento grave” y la situación de personas con trastorno mental.

Con todo, y al margen de los no pocos aspectos éticos, antropológicos y doctrinales que cabe formular sobre el supuesto derecho a disponer de la propia vida, se trata de una norma metida con calzador: presentada como proposición de ley para eludir informes del Consejo de Estado; en plena pandemia; sin convocatoria de expertos e instituciones oficiales de referencia, cual en este caso hubiera sido el Comité de Bioética.

En definitiva, estamos ante una ley sacada adelante sin escucha ni diálogo social público alguno y sin haber echado la más mínima ojeada a la alternativa que pueden representar los cuidados paliativos. En realidad, la nueva regulación convertirá a nuestro país en el único de Europa con la prestación de ayuda a morir, pero dejando tanto –todo- que desear en la consideración y aplicación de los mismos. Y sin ellos resulta fácil deducir que nunca habrá verdadera libertad de elección.

Desde el Gobierno y aledaños se insiste en que se trata de una regulación “extremadamente garantista”. No obstante, la experiencia de lo sucedido en otras latitudes bien enseña que una vez abierta la primera puerta, la legislación al respecto viene siendo con el tiempo más amplia y permisiva.

En este sentido, el catedrático emérito y académico Rafael Navarro Valls ha asemejado este tipo de regulaciones a una cuña de punta muy fina, pero de superficie progresivamente ancha. Inicialmente algunos casos considerados “sangrantes” deciden a los legisladores a autorizar actuaciones que luego, poco a poco, van agrandándose hasta más que desbordar el propósito inicial.

El caso de la eutanasia es paradigmático. En Holanda, por ejemplo, con la legalización se disparó la práctica. No tardando mucho, cerca de un cuarto de las muertes resultaron inducidas, ¿Causas? Se había ido ampliando el rango de supuestos admitidos y relajando la consideración de “sufrimiento insoportable”.

En Bélgica el proceso ha sido similar: en 2002 la eutanasia es despenalizada, en 2008 se extiende a las personas con problemas psiquiátricos, y en 2014 se suprime el límite de edad, hasta convertirse en el primer país del mundo que permitió aplicarla a los menores sin consideración alguna del tiempo de vida cumplido.