El orden del día del pleno extraordinario de ayer contaba con nueve puntos a debatir por parte de los grupos políticos municipales, entre ellos el Plan de Obras y Servicios de la Diputación de A Coruña cuyo presupuesto asciende a 278.000 euros. El concejal de Obras y Servicios, Miguel Tenreiro, informó al pleno que el ayuntamiento sólo deberá aportar el 7% de la cantidad total de dicho montante, que equivale a 19.630 euros.Las obras a las que se destinarían dicha subvención serían las siguientes: un colector de saneamiento por gravedad para eliminar el pozo de bombeo de Xan Amigo en Osedo; dotación de servicios de saneamiento y abastecimiento de agua (tramos que faltan) de Los Tornos, la Regueira y Vilar en Meirás; distribucción de agua y colector de saneamiento por gravedad para eliminar el de pozo bombeo de A Lamela-Taibó en Carnoedo; segunda fase de dotación de los servicios de saneamiento e abastecimiento de agua entre Espiñeiro y Campo das Mantas (Carnoedo) y Lagoa de Mondego. Así mismo, se aprobó por unanimidad la modificación de la ordenanza fiscal número uno reguladora del IBI; así como la delegación de competencias en el Consorcio de As Mariñas, para la gestión a partir del año 2009, de un servicio de lancería y cancería que cuenta con un presupuesto estimativo de 350.000 euros correspondiendo al ayuntamiento de Sada el pago del 8,86% del montante global, que equivale a 31.000 euros anuales.
También obtuvo el voto favorable de todos los grupos políticos, la propuesta de contratación por procedimiento abierto, de los servicios de limpieza viaria y playas, cuyo importe asciende a 2,3 millones de euros, y que tendrá una duración de cuatro años, prorrogables dos años más; correspondiendo la cantidad de 562.500 euros de inversión anual al ayuntamiento. No hubo discrepancias al aprobar la modificación de las concejalías delegadas con dedicación exclusiva de la alcaldía, ni el informe semestral de ejecución presupuestaria de tesorería.
No hubo acuerdo sobre las propuestas de inclusión de inmuebles en el Inventario Xeral de Patrimonio Cultural de Galicia de tres edificios de particulares, ni tampoco la adhesión a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), que fue presentada por segunda vez al pleno de la corporación por el gobierno local.