Para tomar esta decisión, el juez creyó fundamental el hecho de que la Consellería de Igualdade e Benestar -ahora denominada Vicepresidencia- propusiese la integración de esta residencia en la red pública asistencial. Mientras, Política Territorial consideraba en 2004 que la obra era ilegalizable, por lo que ordenaba el derribo de lo que ya había sido edificado.

Los terrenos en los que se pretendía construir el geriátrico pertenecían al Ministerio de Defensa. Según se puede leer en la sentencia, el Gobierno central cedió las parcelas correspondientes “para usos sociales”, entre los que se especificaba un centro para mayores.

A todo esto, el juez añade que el Ayuntamiento “no llegó a otorgar licencia para la instalación, apertura y puesta en funcionamiento de la residencia”. Lo que hizo por el aquel entonces alcalde, Manuel Pose, fue informar “favorablemente de dicha posibilidad a la comisión de gobierno”.

Aunque todavía no se ha cerrado del todo el caso de la residencia de Monticaño -continúa en los juzgados de lo contencioso administrativo-, el juez entiende que el anterior regidor no cometió un delito de prevaricación porque tomó una decisión basándose en los informes de un arquitecto técnico y otro municipal.

Para Pose, que ayer se mostró tranquilo en su comparecencia, la sentencia demuestra que tenía razón y lamentó que hoy podría estar en funcionamiento el centro “e non está funcionando por unha denuncia”.