Vuelta a empezar

Después de la inimaginable legislatura vivida en lo político y de las enormes rupturas producidas tanto en lo económico como en la convivencia social, el Parlamento de Cataluña ha iniciado una nueva andadura, la duodécima después de aquellas primeras elecciones autonómicas de 1980. El independentismo seguirá controlando las instituciones, Gobierno incluido, pero ha modulado su desafío. Al menos en sus primeras pasos. Y al menos en el discurso.
La verdad es que en Cataluña han pasado en poco tiempo muchas cosas. Ya uno se pierde con tantas supuestas fechas clave: 6 y 7-S (turbulentas sesiones parlamentarias en las que el secesionismo consumó su desafío al Estado); 1-O (referéndum ilegal); 27-O (intervención de las instituciones autonómicas en aplicación del 155); 21-D (elecciones regionales). Fechas que no han resuelto en definitiva nada. Detrás de cada una de ellas ha venido siempre otra que ha defraudado las expectativas suscitadas.
¿Pasará algo similar con el 17-E y la legislatura que arranca? Recelos existen muchos. Y es que la sesión constitutiva del Parlamento ofreció las dos caras del independentismo: el mitin de Ernest Maragall denunciado la España que “humilla y castiga a Cataluña” y el perfil más institucional del nuevo presidente de la cámara llamando a “coser” la sociedad catalana.
Con todo, en lo que analistas y observadores vienen a coincidir es en que las cosas no serán iguales. Personalmente no pondría la mano en el fuego sobre la amortización política de Puigdemont, a pesar de que ha llegado tan lejos que tiene mala marcha atrás. Otros líderes han desaparecido de la escena y han buscado refugio en la actividad profesional privada. Hubo días en que parecía que no iba a quedar ni el apuntador. De momento, en este sentido se ha establecido un cierto esperar y ver.
Así las cosas y a la vista de lo sucedido en la primera gran parte de la ofensiva independentista, la aplicación de la ley y del Código Penal parece haber persuadido a un grupo nada despreciable de los golpistas de la importancia de los procedimientos; de que la vía unilateral de llegada a la independencia está definitivamente cegada; de que el Estado tiene unos mecanismos de defensa poderosos y eficaces; de que el choque institucional es un camino sin salida; de que no cabe otra opción que la constitucional y de que fuera de ella sólo espera la cárcel o el largo autoexilio. Es de esperar que al menos esta importante lección la hayan aprendido. Lo cual no es poco.
La negativa del juez Llerena a la salida de Junqueras y de sus compañeros de la cárcel para ejercer sus deberes parlamentarios les puede haber parecido rígida en exceso, pero supone todo un indicio: ante el menor riesgo soberanista, Justicia penal preventiva. Y la predisposición de Rajoy va por el mismo camino, aunque en su caso se trate, lógicamente, de la Justicia constitucional.

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