Un sistema que no funciona

Gobierno y Partido Popular nunca han tenido mayor interés por una reforma de la Constitución más allá de cuestiones puntuales, como lo fue el principio de estabilidad presupuestaria (artículo 135) que desde el verano de 2011 vincula a todas las Administraciones públicas.
Nunca lo han ocultado. Si ahora han accedido a la puesta en marcha de la Comisión parlamentaria para la evaluación y modernización del Estado autonómico impulsada por el Partido Socialista ha sido a cambio de arrancar a este su apoyo a la aplicación del 155 en Cataluña.
El plan de Moncloa y Génova es no cerrar la puerta a la reforma constitucional, pero dejando sentado que no moverán ficha hasta tener claro hacia dónde quiere ir al PSOE y comprobar los posibles apoyos. Y, en este sentido, afirmaron desde el minuto uno que habría que esperar a después de las elecciones catalanas por si las formaciones independentistas rectifican y se sientan en la mesa de negociación y otras van aflojando en sus recelos. Así pues, Gobierno y PP irán soltando carrete en comparecencias –innecesarias y redundantes– de expertos por aquello de ir haciendo algo.
Se teme, además, que grupos como Podemos y otros pretendan aprovechar la ocasión no ya para una reforma de la ley fundamental, sino para abrir todo un periodo constituyente en el que, con el añadido de los derechos sociales, volverían al debate público cuestiones como la forma de Estado, la cuestión religiosa o el modelo educativo que ya en su momento crisparon el ambiente y para los que hoy no existe mayor demanda social.
Parece, pues, del todo razonable la pretensión de acotar antes que nada el alcance de la pretendida reforma; de “perimetrar”, como dicen ahora los finolis, la dimensión de la misma. Y de alcanzar al menos un consenso al respecto semejante al que alumbró el texto del 78.
Cierto es que aquel tiempo excepcional de la salida del franquismo hoy no se repite; que el tablero político es muy otro y que, por tanto, el consenso se hará más de rogar. No menos cierto es, sin embargo, que como verso y canción dicen “se hace camino al andar” y que la confluencia de voluntades bien puede ir apareciendo durante las negociaciones a realizar durante los trabajos.
Tal vez por lo extenso del empeño si todas las necesidades fueran abordadas a la vez, no son pocos quienes en estos días vienen abogando por restringir de momento al Título VIII la eventual reforma, pues resulta indudable que el modelo territorial es el que más urgente y prioritario tratamiento precisa. Se trata de un modelo que no funciona. Es un sistema que surgió y se consolidó al ritmo de la dinámica política y al margen de todo plan o diseño previos. Y que ha demostrado más que de sobra sus carencias.