Libertades inseparables

Al inicial desconcierto e irritación por el portazo británico ha seguido en las instituciones europeas el inevitable tiempo de reflexión y pragmatismo para ver cómo articular la vida comunitaria de después del Brexit. Porque la vida sigue. Y vida hay. La reunión del Consejo Europeo del miércoles, ya con la silla del Reino Unido vacía después de 43 años, fue el punto y momento de partida.
Los 27 volverán a verse en septiembre en Bratislava, ya bajo presidencia eslovaca y con estos dos/tres meses de verano por delante hacer una autocrítica sobre la evidente pérdida de confianza de los ciudadanos europeos en el proyecto común y poder repensar con más sosiego las cosas.
Ha molestado especialmente la tardanza de Londres en activar el reglamentario proceso de desconexión. Como si el resultado del referéndum hubiera cogido también de sorpresa al propio Gobierno británico y este no tuviera preparado plan B alguno. Porque sin prisa, pero sin pausa el tiempo apremia. No es esta una crisis más, como ha señalado Angela Merkel, sino toda una nueva situación en la Unión Europea.
Hay una posición común de partida: las cuatro libertades fundamentales de la UE (de personas, bienes, servicios y capitales) no son negociables por separado. Si el Reino Unido rechaza la libre circulación de personas, puede irse despidiendo de mantener el acceso a alguna de las demás, como tal vez fuera su pretensión. El mensaje de Bruselas en este sentido ha sido claro y rápido Y de paso ha dejado claro que los términos básicos del divorcio no serán impuestos por quien por su cuenta y riesgo ha abandonado el hogar común.
Pero, como no podía ser de otra forma, ya se empieza a hablar de dos bandos dentro de la UE: los duros, encabezados por Francia e Italia, que quieren poner a Londres muy complicadas las cosas para evitar nuevas deserciones, y los más suaves, con Alemania y Holanda en primera fila, que entienden que, habida cuenta de los muchos intereses comunes, castigar al Reino Unido significaría castigar también al resto de países de la UE.
España podría militar en esta segunda posición, pero con un Gobierno en funciones ha optado de momento por un perfil bajo. En lo que, no obstante, Rajoy se mostró contundente y rápido fue en poner pie en pared respecto a la posibilidad de que la Comisión Europea inicie negociaciones con Escocia –que votó mayoritariamente a favor de la permanencia en la UE– para una hipotética adhesión exprés al club comunitario tras la formalización del Brexit.
Una visión compartida por Francia y casi todos los demás países, temerosos en buena lógica del efecto cascada y de generar peligrosos precedentes. El presidente en funciones pensaba en Cataluña, donde siguen empecinados en equiparar su encaje constitucional aquí con el que allí tiene aquel territorio.