SENTENCIAS FAVORABLES

No es sólo el PPdeG quien ha podido sentirse estos días aliviado tras las sentencias absolutorias en dos casos que afectaban a cargos públicos relevantes del partido: el de la portavoz y diputada autonómica Paula Prado y el de los siete concejales compostelanos inicialmente condenados a nueve años de inhabilitación. Ni habría que señalar en exclusiva a la instructora Pilar de Lara como la magistrado  que queda especialmente tocada y desautorizada.
Cierto es que ésta lleva sobre sus espaldas reveses notables, como los de la citada Paula Prado; el alcalde ferrolano, Rey Varela; el presidente del Partido Popular lucense y senador Xosé Manuel Barreiro, o el del hoy presidente de Cantabria, Ignacio Diego. No son reveses cualquiera, por recordar únicamente los más recientes.
Pero no menos cierto es también que de un tiempo a esta parte se vienen produciendo  absoluciones, desestimaciones y carpetazos de sumarios  que afectan a parlamentarios, alcaldes y responsables públicos de una amplia gama política. La lista no sería pequeña. Al tiempo, otras operaciones se han saldado con mucho más ruido que nueces. Y así en las diversas instancias judiciales.
Es, por lo tanto, la clase política, en general, la que está saliendo bastante bien parada en ese enorme avispero al que se le viene llamando corrupción y en el que, en no pocos supuestos, se ha visto metida por intereses partidistas o mezquinos ajustes personales de cuentas. Enorme y, por lo que se va viendo, injusto. Casos flagrantes hay, es, desde luego, evidente. Quién lo va a negar o minusvalorar. Pero no tantos como se ha pretendido hacer ver. Así pues, a la clase política en general es a quien también habría que resarcir de los perjuicios causados.
No sé lo que dará de sí la reforma del enjuiciamiento criminal que en esta recta final de legislatura ha puesto en marcha el Gobierno.  Pero si todo va a quedar en que en la fase de instrucción al imputado se le llamará  investigado para desvincularlo de una atribuida  culpabilidad popular; es decir, si todo va a quedar reducido a una cuestión de nombre, poco o nada se habrá ganado.
Se impone, pues, que partidos políticos y sistema mediático lleven a la práctica  la presunción de inocencia que tal cambio legislativo pretende. Los primeros, sin ponerse nerviosos ante los procedimientos y sabiendo esperar a ver qué deciden los tribunales juzgadores. Y, por supuesto, sin aprovechar la circunstancia para saldar problemas internos, como sucedió con los concejales compostelanos y el exalcalde Currás.
Los segundos, sin sumarse tan alegremente a la refriega política. Porque hace gracia que algunos de quienes cuentan ahora historias pasadas como si las hubiesen contemplado desde la barrera sean los mismos que tanto las jalearon en su momento.