Sanidad pública

Me imagino el guirigay producido si la propuesta de penalizar de alguna manera a los pacientes que  hacen mal uso de la sanidad pública hubiese salido de algún miembro del Ejecutivo  o aledaños y no del presidente de la controvertida Organización Médica Colegial (OMC), quien, por cierto, ante la propia ministra Ana Mato acababa de poner de vuelta y media las políticas del Gobierno en materia de salud. Entre los penalizables estarían quienes no recogen pruebas diagnósticas realizadas, se apuntan a varias listas de espera y luego no se dan de baja una vez atendidos, o quienes abusan de las urgencias hospitalarias.
Sobre las disfunciones de estas últimas prestaciones se observa hoy día  una cierta tendencia a cargarlas al debe de la actual política de recortes. Pero lo cierto es que se trata de servicios –hoy y ayer– tradicionalmente muy saturados, a los que no pocas veces se acude porque el usuario tiene una especial confianza en ellos, huye de las listas de espera y no encuentra, por tanto, respuesta a sus problemas en el más adecuado ámbito de su respectivo centro de atención primaria. Por eso, hay quienes han replicado diciendo que no se pueden traspasar al beneficiario los déficits del sistema.
Aquí se pondrá muy pronto en funcionamiento el nuevo servicio de Urgencias del Chuac, tal vez el proyecto más esperado del hospital y en el que se habrán invertido alrededor de ocho millones de euros. Se trata de una reforma necesaria para poder cumplimentar mejor las más de 150.000 urgencias sanitarias anuales que registra el servicio, en atención del más de medio millón de usuarios del área sanitaria coruñesa.
Y así como hay algunos que habitualmente se apuntan al “non”, hay otros que lo hacen al “pero”. Tal vez por eso no faltaron quienes, hace unos días, en la presentación y puesta de largo de las nuevas instalaciones, increparon a las autoridades con sus habituales teimas: recortes y privatización.
Da igual, por ejemplo, que la sanidad pública se lleve nada menos que el 41 por ciento del presupuesto de la Xunta. O que se esté mejorando, ampliando, construyendo y renovando el parque hospitalario del Sergas (Lugo, Vigo, Ourense, con los hospitales de O Salnés y A Mariña como próximos objetivos). O que estén comprometidos para esta legislatura quince nuevos centros de salud.
Da igual que según un reciente estudio del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) Galicia sea una de las comunidades con menos contratación privada (un 5,6 por ciento del gasto sanitario anual), muy por debajo, por ejemplo, del 24,1 por ciento de Cataluña. Es lo mismo, como digo. Ellos siguen con su porfía antiprivatizadora. Y es que se resisten a que la realidad arruine su discurso.