REVÁLIDAS

Lo que la ley no prohibía lo ha vetado  una orden ministerial. Misterios del Derecho político. Me refiero a las clasificaciones o rankings de centros que, al amparo de la LOMCE, podían en principio elaborarse a partir de los resultados de las evaluaciones en Primaria y Secundaria. Al menos no estaban expresamente prohibidas o desautorizadas, tal como sí figuraban en la LOE socialista de 2006. 
Han bastado los consabidos empujones políticos, profesionales y mediáticos para que el Gobierno –en funciones- haya dado marcha atrás.
Bien es cierto que, con el BOE en la mano, tal rectificación se circunscribe al ámbito de gestión del Ministerio, esto es, las ciudades de Ceuta y Melilla. Pero es indudable que al tiempo se ha mandado una señal a las comunidades autónomas –de todos los colores- que ya estaban levantadas en armas contra el sistema todo de reválidas establecidas en la ley vigente y, últimamente en concreto, con la de final de Primaria que, según el calendario oficial, está al caer. Era el recado que faltaba para que las Administraciones educativas territoriales puedan también sumarse al carro, si es que algunas por su cuenta y riesgo no lo habían hecho ya.
He de confesar que no entiendo mucho la animadversión que han suscitado las llamadas reválidas. En realidad, al menos las de Primaria no re-validan nada porque no tienen consecuencias académicas para el alumnado. Pero si uno sigue la polémica pública,  la línea argumental dominante recuerda la respuesta del viejo catecismo a qué cosa era el infierno: el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. El acicalado presidente de Castilla-La Mancha, García Page, las ha llegado a calificar de “tortura para niños y familias”. 
Pero, en fin, a pesar de todo, archidemostrado está que  reválidas o evaluaciones externas suponen un acicate para alumnos y docentes y tienen en consecuencia efectos más que positivos sobre el sistema, aunque, en verdad, encajan mal con la enseñanza blandita que hoy se lleva y donde la “c” de calidad va quedando sólo en el título de la ley. 
Las evaluaciones de Primaria no van a servir, pues, para casi nada. Sus resultados no van a poder salir del propio colegio y, por supuesto, no van a poder establecerse comparaciones o clasificaciones de centros docentes. Se sustrae así, por una parte, del debate público un elemento de juicio importante para comprobar si el sistema educativo en su conjunto funciona. Y por otra, se niega información fehaciente a las familias en algo tan vital para ellas como la búsqueda de colegio para sus hijos. 
¿Y qué pasará con los alumnos que no se presenten a las pruebas? No pasará nada. Así han contestado  ministro y conselleiro de turno. Y se quedaron tan anchos.