REFORMAS PARCIALES PARA LA JUSTICIA

Desde febrero del año pasado dormita en algún importante cajón del Ministerio de Justicia la propuesta de una comisión de expertos para la reforma de la decimonónica y multiparcheada Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ya se sabe en qué suelen quedar estos documentos o informes encargados por el Gobierno: prácticamente en nada, salvo en un recurso para ir ganando tiempo, crear ambiente de cara a la reforma por llegar y cubrirse de alguna manera en el debate político y corporativo subsiguiente.
A estas alturas de la legislatura es más que probable que la reforma de la ley en cuestión, el llamado a denominarse Código Procesal Penal, no llegue a ver la luz, habida cuenta de la complejidad del mismo –algo más de setecientos artículos– y de las conexiones con otras normas hoy todavía pendientes de conclusión en las Cámaras.
Pero la verdad es que esta gran reforma es necesaria cual agua de mayo. Por una parte, porque el penal es el único de los cuatro órdenes jurisdiccionales que no cuenta con una ley procesal actualizada. Por otra, porque el orden penal acumula en nuestro país aproximadamente el 70 por ciento de la litigiosidad. Y finalmente porque bajo su amparo –o desamparo–caen los delitos de ese gran cajón de sastre que se conoce por corrupción y que salpican por doquier la vida política y la sensibilidad social.
Ante ese más que incierto futuro que se cierne sobre el futuro del Código Procesal Penal, fuerzas políticas diversas y el propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, han propuesto la adopción de reformas parciales que pongan remedio o palíen sin tardar las disfunciones actuales.  
Porque lo que no cabe son instrucciones eternas, que luego, encima, pueden acabar como el rosario de la aurora, por citar el recientísimo caso de las multas de Lugo. O actuaciones con un número inmanejable de imputados, como los 114 de la Pokémon en más de una decena de Concellos gallegos. O los 1.300 pinchazos telefónicos sufridos desde hace cuatro años por un alcalde de la provincia de Pontevedra. O las filtraciones nunca atajadas que desmenuzan por capítulos sumarios todavía secretos y donde el principio de presunción de inocencia queda por los suelos. O la inacabable goteo de petición de documentos a tirios y troyanos.
No habrá que olvidar que sólo en nuestra comunidad más de medio centenar de cargos públicos ven hoy por hoy amenazado su futuro por causa de acusaciones judiciales, que habrá que ver cómo terminan. Y si bien es cierto que todo ciudadano tiene derecho a una Justicia rápida, ello les asiste de una manera especial a los responsables políticos. Porque está en juego no sólo su eventual desgaste político y personal, sino sobre todo la credibilidad del propio sistema representativo.