REFORMAS QUE NO SE CUMPLEN

Si ya en las grandes reformas que el Gobierno ha emprendido cualquier parecido entre el anteproyecto inicial y el texto final puede ser pura coincidencia, no le va menos a la zaga el hecho de que, luego, a la hora de la verdad, la aplicación de las mismas por las comunidades autónomas puede muy bien quedarse a mitad de camino. Y no sólo por parte de las Administraciones territoriales gobernadas por la oposición socialista y nacionalista, sino también por parte de las regidas por el propio Partido Popular.
    Está sucediendo con la puesta en marcha de la ley de Educación, donde la invocada premura y  falta de tiempo para su implantación ante el nuevo curso que se avecina están sirviendo de magnífico pretexto para resistirse a su cumplida aplicación.
    Pero tal vez donde mejor se está observando tal anomalía es con la reforma de la Administración local. La nueva ley entró en vigor a comienzos de año, pero a estas alturas del calendario bien puede decirse que nada o muy poco se ha movido desde enero.  Varias comunidades de distinto signo y color han impulsado leyes propias para esquivarla en mayor o menor medida hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación.  
Lo han hecho así hasta el momento Madrid, Cataluña, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, País Vasco, La Rioja y Galicia. Aquí se ha pretendido presentar la norma autonómica  como una medida de apoyo a la autonomía y las competencias locales.  
Pero en realidad se trata de una autoprotección por parte de la Xunta; de una resistencia  a gravar presupuestos con la asunción de las  competencias en servicios sociales –hoy en manos de los Ayuntamientos– que establece la ley estatal.
Y así al menos hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación autonómica; proceso, como se sabe, se encuentra aplazado de momento por el Gobierno. “Ahora es imposible”, reconocía hace poco el propio presidente Rajoy.
El Ministerio de Administraciones públicas no ha movido ficha al respecto, aunque afirma que estudiará  si las leyes que están aprobando las comunidades autónomas vulneran o no la ley estatal. Este procedimiento lleva, no obstante, su tiempo de negociación entre las partes, por lo  que es de esperar que la inicialmente ambiciosa ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local haya entrado en un largo punto muerto.
Por otra parte, habrá que recordar que el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite nueve recursos sobre la reforma, formulados por Gobiernos y Parlamentos regionales, amén de por cuatro grupos parlamentarios. Y tiene pendiente de hacerlo con uno más: el registrado en julio por cerca de tres mil Ayuntamientos (de los 8.117 que hay en España) que gobiernan a unos diecisiete millones de ciudadanos.