Predicar para los demás

Dimisión. La palabra no se les cae de la boca. Piden ceses y destituciones por todo. Incluso por lo que no pasa de ser pura opinión. Siempre, claro, que se trate de otros. Porque cuando a ellos les afecta, las cosas son de muy distinta manera.
Cuando, por ejemplo, resultan imputados alcaldes de su formación política, se resisten a aplicarse la medicina dimisionaria que recetan para los demás. O cuando a un alcalde propio, como el de Pontevedra, un tribunal le echa atrás por fraude de ley el haber camuflado como plus de productividad lo que en realidad era la extra de Navidad que no podía abonarse, saltan con eso de la “persecución política”. Están siendo maestros en buscar subterfugios. Se creen un poco revolucionarios. Pero a la hora de la verdad  reaccionan como “la casta”.
Últimamente han pedido casi a coro la dimisión del conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, a raíz de la sentencia del Supremo que da la razón al sindicato amigo –la CIG– sobre conciertos escolares para centros que practican la educación diferenciada por sexos. En realidad esta resolución judicial llega fuera de tiempo y no aporta nada que no hubiesen establecido ya el alto tribunal para situaciones similares en diversas comunidades autónomas y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para la nuestra.  
Este –no hay que olvidarlo– había bendecido en su momento tales conciertos, aunque más tarde se autocorrigió para atenerse así a una  nueva y más reciente sentencia del Supremo al respecto. Pues bien, a la luz de esta doctrina la Xunta denegó ya el año pasado la renovación de ayudas públicas para primeros cursos en dichos centros. Ahora la Administración educativa avanza que cumplirá o exigirá cumplir lo que la sentencia establezca sobre eventuales devoluciones de dineros. ¿Algo más se puede hacer? Pues, nada: “Conselleiro dimisión”.  
Lo que, no obstante, me pregunto es que si en asuntos controvertidos una sentencia adversa debe conllevar, como propugnan, la desaparición política del responsable de turno, no sé por qué no lo exigen así para la propia CIG y para algún otro sindicato de izquierda, que de un tiempo a esta parte vienen sufriendo revolcones judiciales notables.
Uno, por ejemplo, sobre la ampliación del horario lectivo de los profesores en infantil y primaria. Y otro, sobre el cobro del comedor escolar en función de la renta. Por no hablar de un pecado de omisión, cual fue no recurrir, como con más razón deberían haber hecho, el baremo para el concurso de traslado de profesores, abandonando a éstos a sus particulares iniciativas ante los Tribunales. Ahora, a toro pasado, pretenden sacar pecho y provecho diciendo que ellos ya habían advertido la ilegalidad del baremo en cuestión. ¡A buenas horas!