PIQUETA EN MANO

Reforma laboral, ley de seguridad ciudadana y ley de educación  son los tres iconos o grandes referencias del mandato del Partido Popular en la pasada legislatura que izquierda, nacionalismos y radicales varios pretenden paralizar o derogar ya sin esperar siquiera a la formación de ese nuevo Gobierno, que, a pesar de los pesares, pudieran tener a la vuelta de la esquina o, en otro caso, a las elecciones de junio. 
Lo pintoresco es que el Partido Socialista cuestione una regulación laboral a la que él mismo y su sindicato hermano han recurrido en algún momento para despidos internos. Y tampoco parece muy normal que propongan volver a la denostada ley Corcuera o de “la patada en la puerta”; que insten a un Gobierno a derogar una norma cuando por estar en funciones no puede aprobar alternativa alguna, o que, en definitiva, aspiren a destruir lo que hay sin haber medido las más inmediatas consecuencias. 
Mucho ruido y pocas nueces, que no servirán para nada salvo para un par de cosas. Una: para entretener el tiempo en el impase político en que nos encontramos. Y dos: para generar mayores dosis de inseguridad, bien en las empresas a costa de la contrarreforma laboral, bien en el ámbito familiar y educativo,  como va a suceder  con la pretendida paralización de la Lomce vigente, que el próximo curso deberá entrar en su tercera y última fase de aplicación. Una ley esta –es de recordar– que obtuvo en el Congreso algún voto favorable más que la LOE anterior de Rodríguez Zapatero a la que ahora se querría  volver.
Se trata de escenificar algo que desde hace tiempo se sabe: que, de gobernar, la nueva mayoría del Congreso, liderada y orquestada por el Partido Socialista, terminará con todas las grandes reformas promovidas por el PP saliente. Aunque se haya mostrado eficaces en algunos aspectos, como la reforma laboral en cuanto a la creación de empleo. 
De hacer caso a lo escuchado el martes en el Congreso, da la impresión de que la gran polémica sobre la Lomce ha quedado reducida a las reválidas. Unas pruebas o evaluaciones de las que disponen casi todos los países de la Unión  Europea y que hacen que los alumnos mejoren el nivel de rendimiento entre un 20 y un 40 por ciento. 
Algunos de los argumentos sacados a relucir el martes por el portavoz socialista no dejaron de resultar pintorescos, como el que tales reválidas causan estrés en niños de corta edad o que responden al inconfesable propósito de elaborar unos ránquines competitivos que beneficien a los centros ricos y estigmaticen a los pobres. El gran problema, sin embargo, de la Lomce es muy otro: que no es la ley del Partido Socialista, única que éste admite.

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