PACTARON PACTAR

Si es que llega, no será fácil el acuerdo con el Partido Socialista sobre el terrorismo yihadista

Pues resulta que sí. Resulta que, en contra de lo proclamado repetidamente por el Partido Socialista, con el PP sí se puede ir a por agua. Al menos es lo que cabe deducir del acuerdo a que ha llegado con el Gobierno  para presentar conjuntamente una proposición de ley orgánica urgente sobre el terrorismo yihadista.

Una y otra parte no entraron inicialmente en mayores precisiones ni contenidos. Sólo acordaron que querían; que iban a acordar la forma del acuerdo. Así se expresó el ministro del Interior, Fernández Díaz, que,  como bien se sabe, no es precisamente un hombre de verbo fácil. Es decir, que pactaron pactar,  por decirlo de forma clara.

A la vista de la cerril oposición mantenida por el PSOE a cualquier acercamiento con el Gobierno en cualquier terreno, hay quien ha celebrado el acuerdo para el acuerdo con un aliviado “algo es algo”. Pero la verdad es que el tema no  compromete demasiado al Partido Socialista, y sobre todo después de haber logrado desligar la iniciativa de la reforma del Código Penal en curso,  en la que Pedro Sánchez y sus muchachos se encuentran mucho más involucrados y para la que tienen preparada su mejor artillería. 

De todas formas, la pretendida entente no será fácil. En primer lugar porque los puntos clave de la eventual futura ley pivotarán sobre las doce enmiendas que el PP presentó en su momento para la reforma del Código Penal directamente relacionadas con el terrorismo; enmiendas de las que muy poquitos días antes Pedro Sánchez había dicho encontrarse “muy lejos”.  

Y en segundo término porque, de hacer caso a su portavoz, Antonio Hernando,  el Partido Socialista se propone algo así como un imposible: “mejorar la seguridad sin perder un ápice de libertad”.  Es esta una disyuntiva que sistemáticamente se plantea en momentos como los vividos tras los sucesos de París. Ya sucedió  con las restricciones impuestas por el entonces presidente Bush a raíz de los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas.

Pero no fue sólo al otro lado del Atlántico donde se produjo un notable reforzamiento de los procedimientos gubernativos y policiales frente a las garantías procesales. Otros países considerados bastiones democráticos, como el Reino Unido, revisaron y endurecieron también sus leyes hasta extremos impensables.

Disquisiciones académicas aparte, desde la realidad de la vida el ciudadano de a pie lo tiene bastante claro. A su juicio, sin seguridad no hay libertad. Y me da la impresión que, en aras de la primera, no aceptaría de  mal grado algunas cortapisas en sus libertades materiales siempre que no se le llevasen por delante algún derecho fundamental. Y, por supuesto, después de exigir a los servicios de inteligencia una mayor eficacia.