No tantos recortes

Desde que a mediados de 2010 el entonces presidente Rodríguez Zapatero anunció en el Congreso lo que medios políticos y periodísticos calificaron como el mayor tijeretazo social de la democracia, los recortes practicados han sido una constante en el debate político.  
A finales del año siguiente las urnas encargaron a Mariano Rajoy que tomara las riendas del país ante el desastre dejado por su predecesor. Y abiertos los cajones, el desastre se reveló de tal magnitud que el nuevo presidente hubo de olvidar su programa electoral para ponerse manos a la obra de lo que en aquellos momentos requerían el sentido común y las instancias internacionales.
Recortes, austericidio y desmantelamiento del bienestar han sido términos inseparados durante todos estos años en boca de la opinión pública. El otro día, ocho o diez veces se refirió a ellos Pedro Sánchez en su discurso de investidura. Y de hacer caso a las promesas del candidato, reconstruir y modernizar el Estado del bienestar habría de ser, tars el empleo, la segunda gran línea de actuación para una eventual legislatura que llamó “de la igualdad”.  
Pero ¿respaldan los números el supuesto desmantelamiento de los servicios públicos del que tanto se viene hablando? Hace un par de semanas veía la luz informe elaborado por BBVA Research y el think tank Fedea que da  un claro “no” a la pregunta. Según el documento, los datos no amparan la percepción de quienes consideran que desde 2009 se ha producido un enorme recorte del gasto que estaría comprometiendo gravemente los servicios públicos esenciales, al menos si se supone que éstos funcionaban razonablemente bien antes de la crisis.
Sin entrar aquí en pormenores técnicos, el informe afirma que la historia reciente de las cuentas públicas se parece muy poco a la que se suele contar. Si bien –dice– entre 2009 y 2014 el gasto total por habitante (excluyendo la inversión para mejor medir el impacto de los recortes en el Estado del bienestar) cayó un 13,4 por ciento, hace un par de años seguía siendo un 8,5 por ciento superior al que existía en 2003, último año este de cierto equilibrio macroeconómico y presupuestario. 
Esta ganancia, aunque sin duda modesta en comparación con la que tuvo lugar durante los años del boom, no apunta en absoluto a un brutal deterioro en la calidad de unos servicios fundamentales de los que antes nadie se  quejaba  demasiado. Y concluye: “Que tras estos tiempos difíciles, en los que la renta per cápita ha caído un 8,8 por ciento, el gasto público per cápita sea similar en términos reales al que teníamos en 2007, significa que tales servicios públicos han contado con los medios para resistir la crisis mejor de lo que habitualmente se dice”.