La ministra Pastor en campaña

La ministra Ana Pastor está decididamente en campaña. Y lo digo no sólo por el reguero de próximas inversiones que ha dejado estos días en Galicia, sino también por la rapidez con que ha cargado sobre las espaldas de los Gobiernos Zapatero la responsabilidad de los sobrecostes en las grandes obras públicas: unos 8.000 millones de euros, según sus cálculos. Una rapidez, por cierto, de la que también ha hecho gala para justificarse el extitular de Fomento, José Blanco, que se dio por aludido.
Presume la ministra de que ella “está a cero” en esto de los sobrecostes. Démoslo por bueno, aunque dudo que sea verdad. De todas formas, lo que sí me atrevo a asegurar es que antes o después no lo estará, porque en tales infraestructuras los grandes imprevistos surgen en cualquier momento y ello obliga a redactar los correspondientes nuevos proyectos, que añaden costes no calculados.
Los sobrecostes no son, pues, consecuencia necesaria de prácticas fraudulentas por parte de la Administración o de las empresas constructoras. Los reformados y complementarios que demoniza la ministra son algo previsto y regulado en la legislación vigente. Otra cosa es que en determinados casos –que existen– sirvan o hayan servido para desviar fondos, camuflar financiaciones  a terceros o para enriquecimientos personales irregulares. Pero no siempre –quiero y debo pensar– es así.
También habrá que tener en cuenta que en más de una ocasión, por razones presupuestarias y/o políticas,  se acomete una obra sobre la base de un determinado proyecto. Luego, sin embargo, en el curso de la misma se ve posible aprovechar eventuales nuevas disponibilidades económicas para llevar a cabo obras, instalaciones o servicios complementarios que de otra manera y en otra circunstancia o no se harían o resultarían sensiblemente más gravosos. Y si se ha realizado más obra, el coste de toda ella tendrá que ser mayor. 
Otra cosa es que los proyectos técnicos sobre los que se presupuestan y adjudican las grandes obras adolezcan de falta de consistencia. De ello se quejan especialmente las grandes constructoras. Por poner un ejemplo, no sé hasta qué punto se pueden precisar las dificultades para los asentamientos del terreno, las fallas o el número y localización de los acuíferos existentes en una determinada área. A veces, sin embargo, sí se tiene la impresión de que tales proyectos podrían estar mejor sustentados, lo que habría ahorrado problemas que luego surgen y que hasta ojos profanos a veces ven venir. 
De todo hay en esta realidad de los sobrecostes en la grande obra pública: problemas reales sobrevenidos, proyectos deficientes, prisas políticas, triquiñuelas de la contratación administrativa y casos de corrupción. Pero no todo son malas prácticas, como se pudiera hacer creer.