MEJOR TRATO PARA GALICIA

Se viene quejando de ello desde hace algún tiempo, pero lo ha solemnizado en el reciente debate sobre el estado de la autonomía, que viene a ser junto con la discusión de los presupuestos la sesión más importante del año parlamentario. Según el presidente Feijóo,  el Gobierno central, el Gobierno del PP, no ha tratado bien a Galicia a lo largo de la presente crisis. “Exige cada vez más a los cumplidores como nosotros –acusó sin rodeos– y reserva holguras para quienes no lo son tanto”.
Siempre que puede, el presidente recuerda que el coste real de los servicios públicos en la comunidad es superior a la media española; que el envejecimiento –el 23,1 por ciento de la población supera los 65 años– y la dispersión  encarecen  en más de 500 millones de euros anuales el gasto sanitario; que Galicia cuenta con el 8 por ciento de los centros escolares del Estado, y que el transporte escolar por alumno es casi cuatro  veces más caro que la media de España, llegando en algunos casos a un coste de 4.700 euros por alumno.
Y se queja, consecuentemente, de que con este panorama estructural por delante y en plena reducción obligada del déficit el Gobierno central no tenga para las comunidades cumplidoras los desahogos que se autoaplica a sí mismo ni algo parecido a las medidas de reestructuración de  créditos para las Administraciones que se acogen al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), introducidas con calzador en un reciente decreto-ley.  Por voluntad propia Galicia ha preferido  financiar su deuda en los mercados y no participa del  Fondo en cuestión. Pero a pesar de todo Feijóo reclama un gesto de flexibilidad.
Es muy de temer, por otra parte, que las lamentaciones presidenciales no se centrarán  a partir de ahora en el ámbito económico. Y es que según se asegura, el Gobierno central va a carpetazo a una de las pretensiones políticas sobre las que el titular de la Xunta viene presionando en mayor medida. Se trata de la elección directa de alcaldes de cara a las próximas municipales.
Falta –dicen- tomar la decisión formal al respecto. Pero ante la carencia de apoyos por parte de la oposición y en vísperas de que concluya el plazo previsto para ello, parece que la suerte está echada: no habrá en esta legislatura reforma de la ley electoral.
Ello incomodará evidentemente al presidente gallego, pues es esta comunidad una de las que en mayor medida padece los efectos de los pactos postelectorales merced a la presencia de formaciones nacionalistas con presencia suficiente no para ganar unas elecciones, sino para servir de bisagra en la formación de  las corporaciones locales. Bisagra que gira siempre hacia la izquierda, por supuesto.