Maraña tributaria

Un año más  Madrid  se sitúa a la cabeza de comunidades autónomas que menos aprieta  al contribuyente. Y un año más también Cataluña y Andalucía cierran la clasificación como las regiones con fiscalidad más alta, además de ser las más endeudadas y las más subvencionadas a través de todos esos fondos a interés cero que el Gobierno ha puesto a disposición de las administraciones territoriales.
Son los polos opuestos de las  asimetrías tributarias existentes, muy acusadas en determinados impuestos y supuestos, difíciles de asumir.  En el caso, por ejemplo, de rentas superiores a los 300.000 euros la disparidad  impositiva en IRPF puede llegar a los 9.000 euros. O de la transmisión de un inmueble no dedicado a vivienda,  donde las diferencias sobre una base imponible de 150.000 euros rondan el millón de las antiguas pesetas. Por no hablar del impuesto de Patrimonio, bonificado al cien por ciento en Madrid.  Aquello  “de Madrid al cielo” ha pasado a ser mucho más que un eslogan turístico.
En Galicia hay situaciones para todos los gustos. Pero en líneas generales nuestra administración tributaria no viene a ser  de las más benévolas y generosas. Aunque con algunas nuevas deducciones e incentivos, no ha hecho, por ejemplo, cambios en la tarifa del IRPF, como sí los han acometido  trece comunidades para adaptarse a la bajada estatal derivada de la entrada en vigor de la reforma fiscal. En Patrimonio cargamos, junto con Andalucía, con la tarifa más elevada. Y  en Transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos documentados estamos en el pelotón de cabeza de los en mayor medida gravados.
A ello hay que sumar las liquidaciones complementarias que gira la Hacienda regional y que no suelen quedarse precisamente cortas.  Y, además, tenemos los carburantes más caros como consecuencia de la subida hasta el tope posible del antes llamado céntimo sanitario decretada por la Xunta (aunque luego se queje de los precios).
Lo que, no obstante,  por encima de todo llama también la atención es que desde el Gobierno central se esté impulsando una política de unidad de mercado en bienes y servicios mientras en cuestiones tributarias reina tal maraña y disparidad. Según últimos datos del Consejo General de Economistas, las comunidades autónomas cuentan con setenta y cuatro impuestos propios; cuatro más que el año pasado y veintisiete más que en 2007. Y encima, para recaudar por  ellos más bien poco: apenas superan el 2 por ciento de la recaudación autonómica total y en algunos casos no cubren ni los gastos de gestión.
Bien se sabe que autonomía implica diferencia. Y que armonizar tributos entre comunidades  no significa entorpecer una conveniente competencia fiscal. Pero las disparidades  o asimetrías parecen excesivas. Bien podría decirse que el abanico debe estar, sí,  abierto. ¿Pero tanto?