UN FISCAL GENERAL DÉBIL

Desde el primer momento en que aceptó la propuesta para hacerse cargo de la Fiscalía General del Estado, Torres-Dulce bien sabía dónde se metía. No era un recién llegado a la carrera. Bien sabía que iba a ser observado y presionado desde múltiples flancos: desde el Gobierno, desde la oposición, desde el propio Poder Judicial y desde la opinión pública y publicada.
Por eso a este tipo de puestos hay que acceder ya llorado y autosometido, como las entidades financieras, a los más exigentes test de estrés. Y por eso no parece muy justificada la dimisión en cuestión. Para un fiscal general las presiones no deberían ser irresistibles, si es que, como se ha especulado con no sé qué fundamento, al final fueron tales por parte del Gobierno.
Como se sabe, y como consecuencia de los principios de unidad y dependencia que constitucionalmente guían su actuación, al fiscal general le corresponde dar las órdenes e instrucciones pertinentes a sus inferiores, así como la dirección e inspección del Ministerio Fiscal. La Fiscalía General, no obstante, es órgano de enlace entre el Ministerio Fiscal y el Gobierno. Porque no habrá que olvidar tampoco que, según reiteró el Constitucional en una sentencia de 1981, aquél “no es un órgano administrativo, pero tampoco un órgano auténticamente judicial”.
Aquí puede haber radicado uno de los puntos débiles de Torres-Dulce: en no haber sabido o no haber querido ejercer el principio de jerarquía en el seno del ministerio público. La actuación en el desafío separatista catalán –confusa y tardía– y en el caso Nóos, permitiendo un enconamiento desproporcionado entre el fiscal Horrach y el juez Castro, constituyen argumentos razonables de lo que digo.  
Ya sé que los tiempos de la Justicia y de la política no tienen por qué ser los mismos. Pero que el fiscal general se anduviera con tantos paños calientes y que no fuese capaz de agilizar la querella contra el presidente catalán, Artur Mas, y quienes asumieron la responsabilidad del 9-N, es lógico que irritara al Gobierno. Y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya tardado más de un mes en admitirla a trámite enoja justamente ahora a la opinión pública.
El tiempo que han empleado los magistrados en pronunciarse sobre un trámite de carácter procesal y el hecho de que no haya habido unanimidad en su decisión apuntan a un futuro más que incierto para esta causa penal. Desde luego, muchos ven más probable la condena de la infanta Cristina que el supuesto de un tribunal catalán que terminara en su día por culpar a todo un presidente de la Generalidad. Me da la impresión que no van a hacer falta demasiadas presiones para salvar al soldado Mas.