• Sábado, 25 de Noviembre de 2017

El Estado, desaparecido

en la pequeña y gran historia del abortado proceso independentista

en la pequeña y gran historia del abortado proceso independentista en Cataluña muy probablemente habrán de tener lugar destacado como compendio de lo sucedido las imágenes de la Policía Nacional disolviendo porra en mano las barreras humanas que los independentistas habían levantado para evitar el cierre de los colegios electorales que, por descarado incumplimiento de los mossos autonómicos, permanecían abiertos. Por lo menos, hasta la hora de escribir estas líneas,  han sido las que en mayor medida han dado la vuelta al mundo
Sin embargo, y aunque no menos significativo, más inadvertido  pasará el vagabundeo de las fuerzas de seguridad por hoteles de la costa y barcos de turismo usados como alojamientos subsidiarios, habida cuenta de que el Estado no tenía allí infraestructuras en que refugiarse. Y es que, como ha señalado estos días el profesor Muñoz Machado, el Estado (central) lleva años diluyéndose en aquella comunidad física y jurídicamente, hasta el punto que bien puede decirse que su presencia es mínimamente visible y experimentable.
Y no solo desde el punto de vista dotacional o logístico. Porque desde hace mucho tiempo también las resoluciones que adopta el Estado en el ejercicio de sus competencias se han venido cumpliendo o no según la libérrima voluntad del Gobierno de la Generalidad. Lo mismo ha dado que la fuente de la decisión fuese el Tribunal Constitucional o que la resolución proviniera de un modesto Juzgado de instancia. Hasta ahora no venía pasando nada.
Buena prueba del progresivo retroceso allí, cuando no desaparición del poder central es el hecho que sólo el 9 por ciento de los empleados públicos en Cataluña pertenecen a la Administración central frente al 16 por ciento de la Comunidad Valenciana o el 19 por ciento de Andalucía. O el dato de que en los últimos once años la Administración central haya perdido más de cinco mil funcionarios, mientras que la Administración autonómica crecía en proporción similar.  
Los pactos cerrados años atrás con los nacionalismos para  resolver investiduras y Gobiernos en minoría, tanto del PSOE como del PP, tienen buena parte de culpa o responsabilidad en lo que se ha llamado la “desprotección de España”. Fueron acuerdos que se tradujeron en generosos traspasos de competencias, amparados por la situación un tanto anómala de que, en virtud del artículo 150.2, el proceso de transferencias, no cerrado por la Constitución, seguía abierto.  
Tal vez el pacto más sonoro fue el de Jordi Pujol con el PP (1996) para sacar adelante la investidura de José María Aznar: el célebre pacto del Majestic, del que algún mes más tarde saldrían no solo la desaparición de los gobernadores civiles (siendo Rajoy ministro de Administraciones Públicas), sino  hasta la decapitación política del presidente del PP en Cataluña, el incómodo Alejo Vidal-Quadras. Los precios de todo orden a pagar  han resultado siempre gravosos en exceso.