DESCONTENTOS TODOS

Ha dicho Rajoy que los independentistas no quedarán contentos con la anunciada reforma de la Constitución. Evidente. Ellos están en otra guerra. Están en liquidar la soberanía nacional y en superar cualquier modelo general de convivencia dentro del Estado español.
Lo malo –o lo peor– es que también quedarían insatisfechos otros muchos, como los nacionalismos convencionales, los populismos varios, la izquierda política y hasta los barones territoriales de todo el arco parlamentario, incluidos los del Partido Popular.
Lo digo así porque si la reforma en cuestión llega a serlo de verdad y no se queda a mitad de camino por eso del consenso, habría de suponer, entre otras muchas cosas, una redefinición de las competencias autonómicas y la asunción de parte de las mismas por el poder central. Es decir, que saldría a relucir de inmediato el fantasma de la recentralización, que tan buena prensa tiene.
Pero parece evidente que el modelo de organización territorial diseñado en la Constitución del 78 presenta en el momento actual serias disfuncionalidades, que resulta carísimo y que en términos generales bien puede decirse que está agotado. Su reforma se impone, pues, como inevitable.
La Constitución vigente ha servido para organizar el Estado y para defender los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero ello no impide reconocer que, hoy, precisamente la parte organizativa de nuestra norma fundamental presenta notables deficiencias para el buen funcionamiento del Estado en su conjunto y para poder dar respuesta a los nuevos retos que se plantean a la sociedad española.
Lo que ya no está tan claro es por qué el presidente Rajoy ha asumido y dado por bueno el debate público al respecto abierto inicialmente por el titular de Justicia, Rafael Catalá. Y sobre todo, cuando su eventual abordaje quedará, en todo caso, para la próxima legislatura. Pero ahí está.
Y no está nada claro porque no se ha dado cambio alguno en las circunstancias políticas que, a juicio del presidente del Gobierno, lo habían desaconsejado en ocasiones anteriores. Sigue, por ejemplo, sin haber consenso previo sobre las grandes cuestiones a replantear ni sobre el horizonte final de las mismas. 
Con este Partido Socialista de hoy, además, será difícil cualquier acercamiento. Ellos están también a otra cosa. O a varias y contradictorias al tiempo, porque no terminan de tener un discurso unitario  que se mantenga con una cierta continuidad en el tiempo.
A pesar de todo, no estoy muy convencido de que Gobierno y Partido Popular quieran de verdad acometer todo un complicado proceso de reforma constitucional por muy aquilatado que estuviera el orden del día. Más bien pienso que se trata de un  planteamiento de precampaña electoral para hacer frente al  manido reproche del inmovilismo. El tiempo lo confirmará.