• Martes, 21 de Noviembre de 2017

Comienzo de curso

si el año pasado por estas fechas estábamos en plenas vísperas

si el año pasado por estas fechas estábamos en plenas vísperas electorales en Galicia y País Vasco y aún no se había resuelto la investidura de Rajoy derivada de las generales de junio anterior, en este 2017 el curso político ha arrancado con muy otras preocupaciones: fundamentalmente, Cataluña, inmersa en un proceso independentista tan obstinado como inviable, y azotada por unos atentados terroristas en cuya prevención y control posterior ni la Generalidad ni la policía propia –siempre tan autosuficientes- han sabido manejarse con la presteza y eficacia de la que presumen.
La amenaza yihadista no ha desaparecido y combatirla será objetivo principal del Gobierno en el curso que comienza. Aun sin haber decretado formalmente el nivel máximo de alerta, bien para evitar el despliegue del Ejército en aquellas agitadas latitudes, bien para no provocar más alarmas, se asegura que el Ejecutivo ha reforzado los dispositivos de seguridad en las zonas de especial afluencia ciudadana y en los principales destinos turísticos.
Apuntalada la seguridad ciudadana en la medida en que se puede, el segundo asunto que Moncloa quiere poner sobre la mesa es la unidad sin fisuras de todos los partidos con representación parlamentaria. Es decir, que Podemos, ERC, antigua Convergencia, PNV y Compromís dén un paso más adelante en su condición de “observadores” y firmen el pacto antiyihadista.
Rajoy considera fundamental la unidad de los demócratas para derrotar al terrorismo, pero no creo que la logre más allá de las grandes y genéricas proclamas. Porque si está por ver hasta dónde llega en la práctica el consenso inicial entre Gobierno, Partido Socialista y Ciudadanos para hacer frente al referéndum independentista del 1 de octubre, es de temer que en cuestiones mucho más espinosas como eventuales reformas del Código Penal para adaptarlo a las nuevas modalidades de terrorismo, tal unidad no llegue a producirse.
Por lo demás, la lucha contra el terrorismo se solapará con el acelerón final del desafío independentista catalán con ocasión de la tradicional Diada del día 11. Para dicha jornada todo el arsenal legal preciso puede estar listo y recurrido por el Gobierno central ante el TC. Moncloa insiste en asegurar que está preparada para cualquier eventualidad.
No faltan, sin embargo, quienes desde otras instancias, especialmente jurídicas, avisan de que el Gobierno ya tiene suficientes motivos para intervenir, habida cuenta, por ejemplo, de que la ley de transitoriedad presentada y las seis mil urnas que dicen preparadas para el referéndum ilegal evidencian la comisión de flagrantes delitos. Otros demandan la intervención económica de una comunidad que debe 50.000 millones al Estado. Se comprende que el Gobierno no enseñe en estos momentos sus cartas. Pero al tiempo habrá que entender la inquietud ciudadana al respecto.
Sea como fuere, lo cierto es que se presenta un curso crucial no sólo para el Gobierno, sino también para el propio Estado.